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La reforma constitucional ya es una realidad en México. Tras su aprobación, se modificó el artículo 127 para establecer un límite claro a pensiones y jubilaciones del sector público. El decreto señala que “no deberán exceder de la mitad de la remuneración” presidencial vigente.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el 10 de abril de 2026, la medida impacta directamente a servidores públicos de organismos federales, estatales y municipales. El documentó indica que “todas las jubilaciones o pensiones… deberán ajustarse al límite establecido”.
El cambio marca un antes y un después en el sistema de pensiones públicas. Incluso prestaciones ya otorgadas serán revisadas, pues el decreto ordena que aquellas vigentes también “deberán ajustarse”, salvo en los casos específicamente excluidos por la Constitución.
¿A quiénes afecta esta reforma pensional?
La reforma aplica principalmente a trabajadores del sector público considerados de confianza. Esto incluye personal de organismos descentralizados, empresas del Estado, fideicomisos públicos y entidades paraestatales en los tres niveles de gobierno.
Quedan fuera algunos casos específicos. El decreto establece excepciones como las Fuerzas Armadas, pensiones derivadas de cuentas individuales, aportaciones sindicales y la pensión universal no contributiva contemplada en el artículo 4 constitucional.
¿Qué cambia con el nuevo límite a pensiones?
El cambio central es que ninguna pensión o jubilación podrá superar la mitad del salario del titular del Ejecutivo Federal. Esto fija un tope directo ligado al sueldo presidencial, eliminando beneficios superiores existentes en algunos esquemas.
El decreto obliga a modificar contratos, condiciones laborales y cualquier instrumento legal que contemple pensiones. Las instituciones públicas deberán revisar y ajustar estos esquemas para cumplir con el nuevo marco constitucional en un plazo definido.
Otro punto clave es la aplicación retroactiva en ciertos casos. Las pensiones ya otorgadas deberán alinearse al nuevo límite, lo que podría implicar reducciones en montos elevados que actualmente superan el tope establecido por la reforma.
- Aplica a servidores públicos de confianza en entidades públicas
- Fija un tope máximo ligado al salario presidencial
- Incluye revisión de pensiones ya vigentes
- Obliga a modificar contratos y reglas laborales
- Establece excepciones claras en la Constitución
Este decreto también impone tiempos de acción. El Congreso y los estados tendrán hasta 90 días para armonizar sus leyes. Mientras tanto, las dependencias deberán ajustar sus sistemas sin recibir más presupuesto adicional.
En términos simples, la reforma busca evitar pensiones elevadas en el sector público. El objetivo es homologar criterios y reducir desigualdades, aunque también abre debate por su impacto en derechos previamente adquiridos de ciertos trabajadores.
