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En el sistema de circulación de la República Argentina, el respeto por la cartelería y la normativa vial constituye una obligación fundamental para evitar siniestros.
Conforme a lo estipulado por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 en su artículo 36, los conductores tienen el deber prioritario de acatar las indicaciones de la autoridad de aplicación, las señales de tránsito y las disposiciones legales vigentes.
Si bien no todas las transgresiones de tránsito conllevan idéntica penalización, la reiteración de conductas consideradas graves activa un régimen estricto de suspensiones.
Qué conductas viales están alcanzadas por la normativa
El ordenamiento federal enumera diversas acciones que implican una desobediencia directa a las normas de tránsito y que comprometen la seguridad en calles y rutas, tales como:
- Cartelería de detención: No respetar un cartel de PARE o avanzar sin otorgar la prioridad de paso correspondiente.
- Señales de prioridad: Ignorar las indicaciones de ceder el paso o realizar giros en sectores prohibidos por la cartelería.
- Autoridad y semaforización: Desobedecer las órdenes directas de un agente de tránsito que dirige la circulación o avanzar con el semáforo en rojo, conducta expresamente catalogada como falta grave en el artículo 77 de la ley.
Cuándo una infracción se considera grave y cómo se aplican las multas
Para determinar la magnitud de la sanción, la ley diferencia entre faltas leves y graves según el nivel de riesgo generado para la seguridad vial.
En jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el régimen local estipula multas específicas tasadas en Unidades Fijas (UF), tales como 70 UF por no respetar la prioridad de paso o las indicaciones de la autoridad, y montos que van de 150 a 1.500 UF por violar la prohibición de paso de un semáforo.
Regímenes como el de CABA contemplan quitas específicas en el sistema de puntos (scoring), restando entre 2 y 5 puntos según la infracción cometida.
Reincidencia y los plazos de inhabilitación de la licencia
El factor determinante para la suspensión de la habilitación para conducir es la figura de la reincidencia, regulada en el artículo 82 de la Ley 24.449. Se configura cuando el infractor comete una nueva falta tras haber sido sancionado por otra anterior, dentro del plazo de dos años en el caso de las faltas graves.
Ante la acumulación de faltas graves reincidentes, el sistema prevé un esquema progresivo de suspensiones y recargos económicos:
- Primera reincidencia: inhabilitación de hasta 9 meses a criterio del juez, con un incremento del 25% en el valor de la multa.
- Segunda reincidencia: inhabilitación de hasta 12 meses a criterio del juez, sumando un recargo del 50% en la multa.
- Tercera reincidencia: inhabilitación obligatoria de 18 meses y un aumento del 75% en la sanción monetaria.
- Infracciones posteriores: el plazo de inhabilitación se duplica sucesivamente de forma automática.
