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La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha descargado en el exsecretario de Organización Santos Cerdán la responsabilidad de contratar a dos abogados investigados en el caso de la exmilitante Leire Díez, a quien ha dicho no conocer. Díez está imputada por presuntas maniobras contra causas judiciales que afectaran al partido.
Según fuentes jurídicas, en su declaración como investigada ante el juez Santiago Pedraz, Fuentes explicó que autorizó el pago de facturas a esos dos letrados después de que Cerdán, quien dimitió en junio de 2025 al estar implicado en el caso Koldo, validara la prestación de sus servicios. Fuentes es el único cargo orgánico en activo del partido imputado en este caso.
Qué ha declarado la gerente del PSOE
Fuentes está investigada por presunta falsedad en documento mercantil, al haber emitido notas de encargo que justificaban los pagos a los dos letrados y que el juez considera “mendaces”, ya que sospecha que eran una fórmula para retribuir a Leire Díez y a terceros. La gerente, sin embargo, se ha desvinculado de esa presunta finalidad.
Según su relato, su papel se limitaba a validar que las contrataciones encajaban en los presupuestos y a confirmar con quien había hecho el encargo que el servicio se había prestado y las facturas podían abonarse. Explicó que en el PSOE existen contrataciones verbales como esta, pero que para abonar las facturas debe existir una hoja de encargo, que en este caso habría elaborado la asesoría jurídica incluyendo una firma digitalizada suya.
Fuentes añadió que desconocía la reunión de abril de 2024 en la que el juez sitúa el origen de la presunta trama, y que, tras dimitir Cerdán, el PSOE conservó y precintó su documentación ante la posibilidad de que fuera requerida judicialmente.
La acusación de los investigadores y la posición del PSOE
Con su declaración, Fuentes descarga la responsabilidad en Cerdán, que según los investigadores habría puesto los recursos del PSOE a disposición de una presunta “estructura criminal” dirigida a boicotear causas judiciales y coordinada por Leire Díez. Esta habría recibido al menos 43.225 euros del partido a través de intermediarios, según la investigación.
El PSOE, por su parte, ha subrayado que mantiene una “plena colaboración” con la Justicia y que seguirá facilitando toda la documentación que le sea requerida. Fuentes del partido han señalado que los gastos investigados son ordinarios y que, por tanto, no competen ni a la Comisión Ejecutiva Federal ni a la Secretaría General que ostenta Pedro Sánchez.
Un abogado desvincula el dinero del partido de los pagos a Leire Díez
Tras la gerente, declaró uno de los abogados investigados, Ismael Oliver, cuya versión desmonta una de las sospechas del juez. El magistrado cree que el dinero que el PSOE pagó a Oliver acabó en manos de Leire Díez, pero el abogado lo ha negado.
Según su relato, el PSOE le contrató, de la mano de Díez, para investigar las comparecencias de la comisión parlamentaria de la operación Cataluña, y le pagó 22.500 euros. Esa es la misma cantidad que él abonó después a Díez, pero, según su versión, respondía a otro servicio: una oferta de la exmilitante para borrar la huella digital de un exalto cargo venezolano al que Oliver representaba, un servicio que finalmente no se prestó.
Oliver también negó haber intervenido para que una empresaria investigada cambiara su versión sobre un supuesto traslado de dinero a la sede del PSOE, y calificó de “desafortunados” algunos mensajes de la presunta trama que constan en la causa.
Con información de: EFE
