El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció la decisión de restablecer la inhabilitación por cinco años a la anestesista Inés Miralles, involucrada en un caso de mala praxis que concluyó con la muerte de la pediatra Soledad Barrera en 2023.
Orsi explicó que la medida fue adoptada tras una segunda revisión jurídica solicitada por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de un recurso presentado por la madre de la víctima. La resolución revierte una definición previa del propio Ministerio de Salud Pública, que había reducido la sanción a tres años.
El mandatario subrayó que la decisión final fue compartida entre la Presidencia y la ministra, tras examinar informes contrapuestos.
Según Orsi, la revisión se produjo porque hubo discrepancias entre la asesoría jurídica del Ministerio de Salud Pública y la asesoría jurídica de Presidencia. “Fue una visión distinta de la Jurídica”, afirmó, y agregó que para sanciones de esta naturaleza es imprescindible apoyarse en informes técnicos y legales.
La ministra, añadió el presidente, se acercó al Ejecutivo con el caso luego de que la familia de la víctima presentara un recurso de revocación. A partir de ese pedido, explicó Orsi, se le solicitó a la Jurídica de Presidencia que evaluara si la decisión anterior era procedente.
El presidente reconoció que la resolución previa, que había rebajado la pena de cinco a tres años, pudo haber sido “demasiado dura” o incluso inducida por un error de interpretación jurídica. “Todos podemos ser inducidos a error, por eso tenés que tener tiempo y la capacidad de revisar y corregir”, señaló. Orsi justificó la intervención de Presidencia en términos de asegurar que la sanción contara con el respaldo técnico-jurídico necesario. También resaltó que no existía riesgo inminente y que había tiempo para llevar a cabo la revisión sin afectar otros procedimientos.
