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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, amplió la investigación sobre una presunta trama destinada a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. En su auto, el magistrado apunta a intentos de soborno y maniobras de presión que habrían sido coordinadas por la exmilitante socialista Leire Díez y vinculadas al exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán.
Según informó EFE, la causa investiga supuestas actuaciones para influir en fiscales, testigos y agentes implicados en distintos procedimientos judiciales. Entre los hechos señalados por el juez aparecen ofrecimientos económicos de hasta 300.000 euros, pagos a abogados presuntamente financiados por el PSOE y reuniones celebradas en la sede socialista de Ferraz.
El supuesto intento de soborno a un fiscal anticorrupción
Según el auto judicial, la presunta organización habría intentado influir sobre el fiscal Anticorrupción José Grinda para que facilitara información sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, o impulsara el archivo de causas judiciales.
El magistrado menciona una anotación manuscrita encontrada en una agenda de Leire Díez en la que se hacía referencia a “300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor”. El periodista Pere Rusiñol, a quien el juez considera una persona ajena a la organización encargada de trasladar el ofrecimiento, comunicó posteriormente por mensaje que “no había agua, al menos de momento”.
Pedraz también recoge una reunión celebrada en mayo de 2025 entre Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el fiscal Ignacio Stampa, en la que supuestamente también se realizaron ofrecimientos. Tras conocerse estas maniobras, los fiscales denunciaron las aproximaciones de la trama.
Los pagos a abogados y la conexión con causas de hidrocarburos
La investigación sostiene que, tras la puesta en libertad del comisionista Víctor de Aldama en noviembre de 2024, la presunta estructura sumó a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver para actuar sobre procedimientos relacionados con hidrocarburos.
El juez habla de pagos de 125.000 euros “provenientes del PSOE” destinados a Teijelo. Según el auto, el letrado habría planteado posibles nulidades procesales que podían afectar incluso a las conocidas como “causas de Koldo”.
Pedraz asegura que los pagos se habrían realizado mediante “facturación falaz” y sostiene que la operativa no habría sido posible sin una nota de encargo gestionada por Leire Díez a través de Santos Cerdán y finalmente rubricada por la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.
La oferta de 50.000 euros a Carmen Pano
Otro de los episodios recogidos en el auto afecta a Carmen Pano, quien había declarado ante la justicia que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz. Según el juez, la organización llegó a ofrecerle 50.000 euros para modificar o condicionar su testimonio.
El encargado de negociar el ofrecimiento habría sido Ismael Oliver y la operación, según los indicios, se habría materializado a través de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García. En las conversaciones analizadas por el magistrado se llegó a hablar directamente de la “compra” de Pano. El auto destaca una frase atribuida a los investigados: “Esta se vende. Debemos saber comprar”.
Reuniones en Ferraz y denuncias sobre la UCO
El auto judicial también recoge al menos 22 reuniones entre Leire Díez y Santos Cerdán en la sede del PSOE de la calle Ferraz, además de otras 17 citas fuera de la sede socialista o en lugares no identificados.
La primera reunión documentada se produjo el 26 de abril de 2024, coincidiendo con el periodo de reflexión anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las investigaciones judiciales abiertas contra su esposa, Begoña Gómez.
Según el juez, Cerdán habría puesto a disposición de la presunta organización la estructura del partido, facilitando dependencias, personal administrativo, viajes y logística. El magistrado también señala que se gestionaron y abonaron desplazamientos relacionados con la trama investigada.
Entre las actuaciones atribuidas a la organización aparecen además denuncias dirigidas contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), relacionadas con supuestas filtraciones de mensajes de WhatsApp del exministro José Luis Ábalos publicados en prensa.
¿Cuál fue la reacción del PSOE tras el requerimiento judicial?
Tras la entrada de agentes de la UCO en la sede de Ferraz para solicitar documentación, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, expresó la “máxima tranquilidad” del partido y aseguró que continuarán colaborando con la justicia.
Mínguez afirmó que el PSOE ya había entregado documentación meses atrás y denunció una campaña de “desprestigio” y “linchamiento” contra los socialistas. En la misma línea se pronunció el diputado socialista José Zaragoza, quien aseguró que el PP “siempre anuncia previamente las decisiones judiciales”.
