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Para evitar que uninquilino se convierta en un "okupa" legal, es fundamental blindar el contrato de alquiler con cláusulas específicas que protejan al propietario. Para ello, expertos recomiendan incluir condiciones claras sobre el pago puntual, causas de resolución anticipada por impago y penalizaciones por incumplimiento.
En muchos casos, estos llamados "inquiokupas" actúan como morosos profesionales: acceden a una vivienda mediante un contrato legal de alquiler, pero dejan de pagar a los pocos meses, aprovechando los plazos judiciales para quedarse el mayor tiempo posible sin abonar la renta.
Para reducir ese riesgo, además de un contrato bien redactado, los especialistas sugieren recurrir a seguros de impago o a empresas de gestión que realicen un filtrado exhaustivo de candidatos.
Las cláusulas que debe tener el contrato del alquiler
Para evitar que los caseros se enfrenten a una okupación, el abogado Andrés Millán, más conocido en TikTok por su cuenta @lawtips, recomienda incluir una cláusula en el contrato de alquiler de resolución expresa que permite recuperar la vivienda de forma más rápida en caso de que el inquilino incumpla con los pagos. En este sentido, también recomienda incluir una cláusula donde se refleje expresamente que si el inquilino deja de pagar, su nombre puede acabar en un fichero de morosos.
Otro experto en vivienda en su cuenta de TikTok (@legalmente.rrss) ha compartido otra de las cláusulas que se debe incluir en el contrato para prevenir la inquiokupación:
"Para el supuesto de que el arrendatario deje de pagar las rentas en los períodos siguientes a la firma del contrato, dentro de la primera anualidad del arrendamiento, el arrendador se reserva el ejercicio de las acciones penales procedentes por la comisión de un delito de estafa del artículo 248 del código penal con solicitud de medidas cautelares al juez de instrucción de expulsión inmediata y acordar la detención en esos casos", asevera.
Por tanto, si el inquilino deja de pagar en el primer año se le acusará de un delito de estafa.
De esta forma, no solo se inicia un procedimiento civil de desahucio por impago, sino que también se abre la vía penal, lo que puede acelerar el proceso y presionar al inquilino para abandonar la vivienda cuanto antes.