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Más de dos millones de personas en España reciben alguna prestación por desempleo del SEPE. Sin embargo, un error administrativo puede bloquear el pago de estas ayudas de forma inmediata. El fallo más frecuente es no comunicar a tiempo los cambios en la situación personal, familiar o laboral del beneficiario.
Los datos declarados al solicitar el paro o un subsidio deben mantenerse actualizados. Si un desempleado comienza a trabajar, obtiene ingresos adicionales o cambia su situación familiar, debe informarlo de inmediato. No hacerlo genera una irregularidad que puede derivar en la suspensión o pérdida total de la prestación.
Información desactualizada, el principal motivo de bloqueo
El SEPE exige que los beneficiarios comuniquen cualquier variación en sus circunstancias personales, económicas o familiares. El organismo puede suspender el pago si detecta que los datos declarados no coinciden con la realidad actual del solicitante.
Entre los cambios más críticos están el inicio de un trabajo a tiempo completo o parcial, la obtención de ingresos que superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), o modificaciones en la composición de la unidad familiar. Esto incluye nacimientos, fallecimientos, separaciones o que algún miembro comience a trabajar. Si el subsidio se concedió con responsabilidades familiares, cualquier alteración en la situación económica del grupo conviviente debe notificarse.
¿Qué ocurre si no se comunican los cambios a tiempo?
No declarar estas variaciones puede generar un cobro indebido. Cuando el SEPE detecta la irregularidad, reclama la devolución de las cantidades pagadas en exceso. Si el beneficiario no actúa dentro del plazo de 30 días hábiles, se aplica un recargo del 20% sobre la deuda más los intereses de demora.
El procedimiento es claro. El organismo envía una notificación con el importe a devolver y una cuenta bancaria del Banco de España para realizar el ingreso. Si la persona no puede pagar de una sola vez, puede solicitar el fraccionamiento del pago en un máximo de 60 meses. En caso de no devolver el dinero ni solicitar el fraccionamiento, el SEPE inicia un procedimiento de apremio para reclamar la deuda por vía judicial.
Consecuencias administrativas y sanciones por declarar datos falsos
Además del bloqueo del pago, ocultar información o declarar datos falsos puede derivar en sanciones más graves. La normativa contempla infracciones leves, graves y muy graves según la reincidencia y el perjuicio económico causado.
Las infracciones graves incluyen no comunicar cambios que afecten al derecho a cobrar o falsear información en la solicitud. La sanción puede ir desde la suspensión temporal hasta la extinción total del subsidio. El SEPE realiza controles periódicos cruzando datos con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y las empresas. Cualquier incongruencia activa una revisión del expediente que puede terminar en la revocación de la prestación.
