El fondo Burford Capital, que financia la causa impulsada por Petersen y Eton Park, le pidió a la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, que obligue a la República Argentina dar información sobre la ubicación del oro que se sacó de las reservas del Banco Central. El reclamo se da en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
En sus argumentos para sustentar el pedido citan el pedido que hizo La Bancaria para que el Central informe el paradero del oro. En diciembre pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó que la entidad monetaria responda los pedidos de acceso a la información sobre el traslado de los lingotes y revocó el fallo en primera instancia que rechazaba el reclamo del gremio. Como alternativa planteó que el Central justifique los aspectos que generarían un peligro para el sistema financiero si fuese revelado el paradero de las reservas.
Burford cita la decisión en el marco de su reclamo para que la República de esa información. Además, pidió que se ponga a disposición a los testigos para declarar.
La Bancaria es el gremio que tiene como afiliados a los trabajadores de los bancos.
El fondo Burford y el gremio quedaron, desde distintos lugares, presionando al Gobierno por el mismo tema. Y la firma estadounidense se está valiendo del fallo judicial que obtuvo el sindicato para reforzar sus argumentos.
En sus argumentos, Burford sostiene que la República incumple la orden de otorgar un testigo y que esto forma parte de la estrategia para evitar la ejecución de la sentencia por los u$s 16.000 millones que ordenó pagar la jueza por la expropiación de YPF.
En este marco, sostiene que ocultan el paradero de al menos u$s 1000 millones en reservas de oro.
“El precio del oro ha subido a un máximo histórico, agravando el daño mientras la República continúa reteniendo esta información básica ordenada por el Tribunal”, explican desde el fondo.
Aducen además que el ministro de Economía, Luis Caputo, conoce el paradero del oro.
Por último, sostienen que el tribunal debe obligar a Argentina a dar esa información y que, en caso de no hacerlo, debe celebrarse una audiencia probatoria con testigos que tengan información sobre el hecho, incluyendo a Caputo.
El reclamo del fondo se da días después de que presentaran ante Preska el pedido para que declare en desacato a la Argentina por no otorgar conversaciones privadas de funcionarios, entre ellos Caputo y el canciller Pablo Quirno.
El argumento de la defensa argentina, representada en Estados Unidos por Robert Giuffra, abogado también del presidente estadounidense Donald Trump, sostiene que entregar esas conversaciones violaría derechos constitucionales como el de la privacidad, ya que se trata de dispositivos personales de los funcionarios.
La defensa además argumenta que ha otorgado cientos de miles de unidades de prueba y que se ha mostrado en constante colaboración en la causa. Los demandantes buscan probar que YPF oficiaba como alter ego del Estado argentino.
La defensa además sostiene que la estrategia de los demandantes es obstaculizar la recuperación.
