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En el marco del juicio por YPF que la República Argentina transita en la Justicia de Estados Unidos, ahora el fondo de inversión Burford Capital intensificó su ofensiva judicial contra el país al solicitar formalmente a la jueza Loretta Preska que declare al país en desacato y le imponga sanciones.
La decisión se produce en el marco del litigio por la expropiación de YPF en 2012, que derivó en una condena en primera instancia por u$s 16.000 millones.
Burford, quien financia la demanda realizada por los fondos Petersen y Eton; la cual hoy supera los u$s 18.000 millones por los intereses acumulados, argumenta que Argentina no entregó información crítica sobre funcionarios del actual gobierno y la administración anterior que considera vital para el desarrollo de la demanda.
Específicamente, el fondo reclama acceso a mails y chats de figuras como Luis Caputo y Sergio Massa, entre otros.
Frente a esto, desde la Procuración del Tesoro de la Nación aclararon a través de un comunicado que “Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”.
El pedido cae en un momento clave, cuando el Ministerio de Economía apuesta a volver a los mercados internacionales. En este escenario, estar en desacato con el tribunal con jurisdicción en Wall Street sería un gran paso hacia atrás para Argentina.
La estrategia de Burford y las denuncias por hostigamiento de Procuración
Según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en litigios internacionales, convencer a la magistrada de tomar una decisión en ese sentido será un proceso extenso.
Burford solicitó una serie de medidas contundentes: que se declare el alter ego de entes estatales como el BCRA, BNA, YPF y Aerolíneas Argentinas; sanciones civiles; la presunción de que la evidencia no presentada sería desfavorable para Argentina; una multa coercitiva de un millón de dólares por día; y la declaración de desacato.
El objetivo del fondo es demostrar que el Gobierno argentino y estas empresas estatales son lo mismo, lo que permitiría embargar activos de estas entidades en Estados Unidos para cobrar la sentencia.
Por su parte, desde la Procuración del Tesoro de la Nación rechazaron categóricamente los planteos de Burford y la entidad asegura que Argentina está siendo hostigada por el fondo mediante solicitudes intrusivas y desproporcionadas.
Particularmente revelador es que el CEO de Burford habría manifestado a los inversores que su estrategia consiste en “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de Argentina, según el comunicado oficial.
En cuanto a las comunicaciones personales solicitadas, la Procuración argumentó que, bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios. Además, según la ley local, esas comunicaciones son propiedad inviolable de sus titulares.
Un contexto favorable para Argentina
El pedido de desacato, agregaron desde Procuración, “debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford”.
Entre estos antecedentes se destacan: la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria, que derivó en una caída superior al 20% en el valor de las acciones del fondo; el stay (suspensión) otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF; el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una docena de países y organizaciones internacionales; y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.
“A Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, señalaron fuentes oficiales. “Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”.
De cara a las próximas semanas, Argentina presentará sus argumentos el próximo 19 de febrero y, según el cronograma de la presentación, es poco probable que se dicte sentencia sobre este pedido antes de fines de marzo.
Mientras tanto, desde Procuración confirmaron que “el país continuará cumpliendo con el proceso de discovery dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito analiza las apelaciones interpuestas contra las órdenes dictadas por el Tribunal de Distrito”.
Las sanciones a la Argentina solicitadas por Burford a la Justicia de EE.UU.
En su petición, el fondo que hoy financia la denuncia realizada por Petersen y Eton, pidieron a la justicia estadounidense las siguientes sanciones para la Argentina en el marco de la causa:
- Preclusión procesal: que el tribunal prohíba a la Argentina contestar o discutir que el Banco Central (BCRA), Banco Nación (BNA), YPF y Aerolíneas Argentinas son alter egos del Estado. Es decir, que quede establecido que esas entidades actúan como extensiones de la República.
- Adopción de inferencias adversas: que el tribunal asuma como probado que las comunicaciones off‑channel (WhatsApp, Gmail, etc.) respaldan hallazgos específicos sobre la condición de alter ego de esas entidades. En otras palabras, que la falta de producción de pruebas se interprete en contra de la Argentina.
- Declaración de desacato (contempt): que la Corte declare a la República Argentina en desacato civil por incumplir deliberadamente la orden judicial.
- En conexión con ello, piden la imposición de una multa coercitiva diaria de al menos u$s 1 millón, pagadera al tribunal, mientras persista el incumplimiento.
- Audiencia probatoria (si Argentina insiste en su defensa): si Argentina sostiene que no puede acceder a las comunicaciones o disputa hechos relevantes, los demandantes solicitan que se convoque a una audiencia con testigos en vivo, incluidos los funcionarios custodios de esas comunicaciones.
- Compensación económica a los demandantes: que se obligue a la nación a pagar los honorarios y costos legales del proceso judicial.
