Fuente: Archivo
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Los anuncios del flamante ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo dieron definiciones para que un sector clave que estaba a la expectativa. Junto con el aumento del tipo de cambio oficial a $800 y del Impuesto PAIS, se estableció el fin del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
El esquema para la compra en el exterior que se estipuló bajo el Gobierno de Alberto Fernández será suplantado por otro. "Reemplazaremos el SIRA por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación previa de licencias", afirmó Caputo en el mensaje grabado.
Con denuncias implícitas a la gestión anterior, a cargo del secretario de Comercio, Matías Tombolini, el titular de Hacienda aseguró que con la instauración del nuevo sistema "se termina la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones".
Así, Caputo sostuvo que "el que quiera importar, podrá hacerlo y punto" aunque sin dar definiciones de donde provendrán las divisas. Y luego de haber narrado el estado crítico en el que se encuentra la economía a causa del déficit fiscal.
Recursos que podrían provenir del aumento de las retenciones a las ventas no agropecuarios al exterior, a los fines de equiparar la carga fiscal para todos los sectores. Con la promesa de que una vez terminada la emergencia económica se avanzará, hacía "una eliminación de los derechos de exportación".
Pese a que cuál sea el mecanismo de pago que se establezca, el estado ya arrastra una importante deuda comercial externa con el sector, sobre la cual no hubo mención. Un informe de Centro de Estudio de la Unión Industrial Argentina (UIA) estima que la cifra habría aumentado a u$s 31.150 millones en octubre.
Lo que llevo a que el 88% de las empresas encuestas, sin importar el tamaño, informará que empeoraron los plazos de pago con los proveedores. Una cifra superior a la relevada en abril, donde el 77% había destacado esta problemática.
"Si bien se mantuvieron las dificultades para la aprobación e importación de bienes y servicios, las empresas reportaron aún más inconvenientes en los plazos de pago a proveedores. El 65% y 74% manifestó que la aprobación de solicitudes y el tiempo de aprobación de SIRAs empeoró, respectivamente", detallaron en el informe.
Situación que no está libre de consecuencias debido a que un 53% de las empresas aseguró experimentar dificultades con sus abastecedores a causa de los retrasos. A la que se suma un 25%, que, si aún no lo enfrentó, está preocupado por las posibles repercusiones futuras.
En cuanto a la fecha de caducidad, un nuevo problema se le presentaría al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Debido a que el 74% de las empresas manifestó que la mitad o más del total de su deuda, vence en los siguientes seis meses. Mientras que un 80% declaró que parte de la suya ya lo está y otro 10% está próximo a hacerlo.
Pero las incipientes definiciones de la hoja de ruta generaron críticas por parte del exsecretario de Política Económica, Fernando Morra, quien afirmó: "Quitar las SIRAs puede generar desorden, si de cualquier manera los importadores quieren adelantar pagos. Las soluciones vía precio no siempre funcionan y las reservas son escasas".
Una postura a la que suscribe el director de la consultora EPyCA, Martín Kalos. Debido a que considera que el problema no se soluciona con la liberación del SIRA, sino con la disponibilidad de dólares para importar. "Con menos demanda y un colchón mínimo, a partir de marzo, con los dólares de la cosecha, se puede pensar en una estabilización", puntualizó.
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