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La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo a la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral y cuestionó especialmente los decretos mediante los cuales el Gobierno puso en marcha distintos aspectos de la reforma impulsada por la administración de Javier Milei.
A través de un comunicado difundido por su Consejo Directivo Nacional, la central obrera sostuvo que las nuevas disposiciones representan un avance sobre derechos laborales y sindicales y advirtió que parte de las normas reglamentadas continúan bajo discusión judicial.
“Expresamos nuestro más enérgico rechazo y advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la Reforma Laboral”, señaló la CGT, que apuntó especialmente contra los decretos reglamentarios por considerar que afectan “derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”.
Cuestionamientos a una reforma todavía judicializada
La central sindical remarcó que varias de las disposiciones incluidas en la reforma continúan siendo objeto de debate en los tribunales y sostuvo que el Poder Ejecutivo avanzó con la reglamentación pese a que existen planteos sobre su constitucionalidad.
“Resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”, afirmó el documento.
La publicación de los decretos 406, 407, 408 y 409 marcó un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral. Entre otros puntos, las normas reglamentaron el nuevo esquema de recibos de sueldo, las reglas para la renegociación de convenios colectivos, cambios en la representación sindical y la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a funcionar el 1 de noviembre.
El Gobierno también estableció nuevos criterios para la participación de cámaras empresariales en negociaciones colectivas, fijó mecanismos de control sobre la representación gremial y habilitó nuevas modalidades de organización sindical.
El eje del conflicto: los sindicatos
El principal cuestionamiento de la CGT se concentró en los cambios vinculados con la actividad gremial.
Según la central obrera, el Ejecutivo avanzó más allá de una simple reglamentación y modificó aspectos sustanciales de la Ley de Asociaciones Sindicales.
“Bajo la apariencia de una reglamentación administrativa, se introduce de forma solapada una sobre reglamentación a la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551”, sostuvo el comunicado.
Para la organización sindical, algunas de las nuevas disposiciones alteran el espíritu de la legislación vigente y exceden las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.
“No es potestad del Ejecutivo, a través de ningún decreto, sustituir el debate parlamentario ni reformar por vía indirecta normas que garantizan derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores”, agregó.
La CGT, conducida por el triunvirato integrado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, no precisó en el comunicado cuáles son los aspectos específicos de la reglamentación que considera lesivos para la libertad sindical. Aunque cuestionó de manera general los decretos dictados por el Poder Ejecutivo, no identificó artículos concretos ni disposiciones puntuales que motivan ese planteo.
La observación no resulta menor porque la noción de “libertad sindical” tuvo históricamente distintos significados dentro del debate laboral argentino. Durante años, el concepto estuvo asociado a discusiones sobre el alcance de la representación gremial, la participación de sindicatos simplemente inscriptos y la posibilidad de ampliar facultades a organizaciones que no contaban con personería gremial, debates que en numerosas oportunidades encontraron resistencia dentro de sectores tradicionales del movimiento obrero organizado.
En ese contexto, el documento difundido por la central no aclara si utiliza la expresión en ese sentido histórico o si la emplea para cuestionar lo que considera una intervención estatal sobre la autonomía de las organizaciones sindicales. El texto se limita a advertir que la reglamentación constituye una “intromisión” en la vida interna de los gremios y una afectación de la libertad sindical.
Libertad sindical y autonomía gremial
La CGT también advirtió que las nuevas normas podrían afectar principios vinculados con la autonomía de las organizaciones sindicales.
“Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales”, afirmó la central, que además sostuvo que los cambios impactan sobre derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En esa línea, el comunicado remarca que “la autonomía sindical, la libre organización y el derecho de las y los trabajadores a darse sus propias formas de representación no pueden quedar sujetas a la discrecionalidad del gobierno de turno”.
Un conflicto que sigue abierto
La reacción de la CGT se produce en medio de la disputa judicial que todavía rodea distintos aspectos de la reforma laboral.
Aunque el Gobierno logró en las últimas semanas avances importantes en los tribunales, tanto en relación con la vigencia de la ley como en la discusión sobre la competencia de los fueros que intervienen en la causa, el debate de fondo sobre la constitucionalidad de varios artículos continúa abierto.
Frente a ese escenario, la central obrera ratificó que continuará impulsando acciones para cuestionar la reforma.
“Continuaremos luchando, en todas las instancias posibles, para garantizar condiciones de empleo dignas y la libertad del movimiento obrero para organizarse”, concluyó el documento.
