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La Justicia ordenó al Gobierno mantener el pago del plan Volver al Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, tras una medida cautelar que frenó su eliminación.
La decisión impacta en miles de beneficiarios del programa social, que cobran $ 78.000 mensuales y dependen de este ingreso.
La Justicia frenó la eliminación del plan Volver al Trabajo
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar a una medida cautelar presentada por beneficiarios del programa y suspendió la eliminación del plan Volver al Trabajo. La medida revierte una decisión impulsada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
En su resolución, el magistrado ordenó que el Estado continúe con los pagos mensuales de $ 78.000 a los titulares del programa. La iniciativa oficial buscaba reemplazar este esquema por vouchers de capacitación, lo que generó rechazo y protestas sociales.
Por su parte, la demanda fue presentada por un grupo de beneficiarios, quienes sostuvieron que la eliminación del plan constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales.
Qué implica el fallo judicial
En su fallo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, estableció que el Estado debe garantizar la continuidad de los pagos del plan Volver al Trabajo.
El juez argumentó que “el Estado Argentino, a través de la Acordada Nro. 5/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adhirió a las recomendaciones de ‘Las 100 Reglas de Brasilia’ sobre el acceso de la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, como son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de violencia, enfermos, pobres, entre otras”.
Y agregó que “la elaboración de estas reglas se erige en la necesidad de que el sistema judicial se configure como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, en la medida en que estas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio”.
Esto implica que los beneficiarios seguirán cobrando los $ 78.000 mensuales mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La medida cautelar también obliga al Gobierno a suspender cualquier intento de reemplazar el programa por otro esquema, como, por ejemplo, los vouchers de capacitación.
