El fallo por YPF se celebró en el gobierno de Javier Milei como si fuera un gol de campeonato. La analogía mundialista apareció rápido, casi inevitable, en el mismo país donde se resolvió a favor de la Argentina un juicio que atravesó a cuatro administraciones y expuso al Estado a un riesgo multimillonario.
En un contexto político adverso para la administración de Javier Milei, el resultado judicial fue leído como una bocanada de oxígeno, incluso como un posible punto de inflexión. Alguno hasta insinuó -quizás pecando de optimismo- que la victoria en los tribunales podía disipar la niebla política de los últimos diez días. El tiempo y el devenir de los acontecimientos le darán o no la razón.
Detrás de la celebración hay una trama más compleja. Todas las crónicas coinciden en un punto: el rol de la administración de Donald Trump fue decisivo en el desenlace. Más allá de la independencia formal de poderes, el peso del Departamento de Justicia dejó una señal política nítida. En su presentación más reciente en el expediente, advirtió que una orden de entrega forzosa de activos soberanos tendría “ramificaciones significativas” en las relaciones exteriores y afectaría el trato recíproco en tribunales argentinos.
No fue un gesto aislado. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, Estados Unidos intervino en tres oportunidades en la causa YPF: una bajo la administración de Joe Biden y dos durante el ciclo de Trump. La sintonía política entre Washington y Buenos Aires empieza a traducirse en algo más que afinidad discursiva y selfies. Energía, minerales críticos, defensa e inteligencia forman parte de un menú estratégico que requiere, del lado argentino, estabilidad política para avanzar.
En ese marco, actores que participaron de la estrategia judicial durante gobiernos anteriores remarcan una continuidad clave: el eje del planteo argentino nunca cambió. La defensa se sostuvo en la primacía de la ley nacional por sobre el estatuto de una empresa, una discusión central frente a la posición de Burford Capital y al criterio adoptado por la jueza Loretta Preska. Tampoco se modificó el estudio jurídico encargado de representar al país en Nueva York.
Ese dato no anula el mérito de las gestiones actuales. En el Gobierno destacan tanto la resistencia frente a la presión para negociar una cifra menor como las gestiones políticas que buscaron robustecer la posición argentina. Incluso sostienen que, aun con un fallo menos favorable de la Cámara, el resultado se hubiera celebrado de igual manera.
“Formalmente, Estados Unidos nos apoyó varias veces en el expediente. Y eso sí pesa”, reconoció el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. El funcionario confirmó que el litigio continuará con la apelación ya anunciada por Burford y su eventual traslado al CIADI, donde la Argentina ya contabiliza siete causas. Aunque no participó de la cadena porque no es ya funcionario, el exministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona también se sumó a la celebración en Casa Rosada.
El impacto político del fallo, sin embargo, quedó rápidamente absorbido por la lógica de la grieta. El kirchnerismo, el oficialismo y hasta el PRO salieron a disputar la paternidad del resultado. Desde el partido fundado por Mauricio Macri reivindicaron la estrategia trazada en 2017 y cuestionaron la expropiación de 2012, mientras que en la Casa Rosada evitaron ceder protagonismo, incluso a aliados.
Esa disputa no es menor: se inscribe en un escenario donde la carrera hacia 2027 se adelantó. Como ya se había anticipado en este espacio, la competencia por la sucesión empezó antes de tiempo y amenaza con condicionar la capacidad del Gobierno para construir acuerdos. De ahí la decisión de acelerar negociaciones con gobernadores y avanzar con reformas antes de que el calendario electoral rigidice las posiciones.
El diagnóstico interno es claro. Las reformas estructurales son vistas como condición necesaria para recomponer el clima de inversiones, pero sus efectos no serán inmediatos. En los cálculos más optimistas, el impacto en el bolsillo podría demorarse entre tres y cuatro años. “Olvidate, nadie aguanta tanto tiempo más. Eso hay que apurarlo”, resumió una voz oficialista, reflejando la tensión entre los tiempos económicos y los políticos.
Mientras tanto, La Libertad Avanza camina en otra dimensión clave: el control parlamentario. No quieren otro 2025 el año próximo. El oficialismo ya consolidó posiciones en nodos centrales del Congreso y busca terminar de ordenar comisiones estratégicas en Diputados.
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La de Minería, donde aparece la catamarqueña Fernanda Ávila —alineada con el gobernador Raúl Jalil—, y la de Juicio Político, que podría quedar bajo la órbita de Lilia Lemoine, son ejemplos de una estrategia de doble uso: acelerar o bloquear iniciativas según convenga y mantener a los aliados bajo el ala oficialista.
El recuerdo de un escenario más inestable todavía está fresco. En una entrevista con este medio, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos admitió que tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el año pasado temió por la continuidad del Gobierno. “Veía venir el malón”, dijo, aludiendo a la posibilidad de un avance opositor sobre un eventual juicio político. En aquel momento, la falta de conducción en esa comisión dejaba al oficialismo expuesto.
Ese episodio explica, en parte, la obsesión actual por controlar resortes institucionales. También ilumina la lógica interna del poder. Las decisiones que emanan de Karina Milei desde fines de 2025 responden a una doble lectura: consolidar al Presidente hacia afuera y ordenar la interna hacia adentro, en tensión el vértice opuesto del “Triángulo de Hierro”.
En ese esquema se inscribe la decisión de sostener a Manuel Adorni, pese a los cuestionamientos internos. “Los esfuerzos están para preservarlo”, admiten en el oficialismo. “Si queda o no lo dirá el tiempo y la incidencia de la conversación pública”, admite un interlocutor libertario que se confiesa “desconcertado” por el devenir de los acontecimientos. Ese es hoy el límite para el blindaje.
El viernes, Milei y su hermana lo rodearon en La Paternal para que encabezara el anuncio del fallo de YPF, en un gesto de respaldo político. Pero la escena duró poco. Horas después, el juez Ariel Lijo resolvió imputar a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, tras nuevas medidas en la causa. El contraste fue inmediato: de capitalizar uno de los logros más relevantes del Gobierno a enfrentar un nuevo giro judicial contra uno de los propios en cuestión de horas.
