La salida del Gobierno de la “Mesa de Negociación” para revisar la tarifa del transporte de granos hizo escalar el conflicto entre los dadores de carga y los camioneros que no llegan a un valor de referencia lo que está generando un “colapso logístico” en las zonas cerealeras.
El conflicto, a raíz del alza de combustible en los últimos 45 días - por la guerra y el salto del precio del petróleo- mantiene enfrentados a los transportistas de granos con los acopiadores.
En las últimas horas el escenario ha escalado hacia una parálisis total en los puertos de Bahía Blanca y Quequén pero, además,impacta de manera directa en el otro cordón cerealero del país: el Gran Rosario.
Lo que comenzó como una puja tarifaria por el impacto de los costos operativos se ha transformado en un bloqueo de dimensiones críticas que ya no solo afecta a los actores privados, sino que golpea directamente el ingreso de dólares a la economía nacional en un momento de extrema fragilidad.
Costos al alza y negociaciones truncas
El reciente salto del 25% en el precio de los combustibles, terminó de dinamitar la rentabilidad de los transportistas, quienes exigen una actualización de tarifas que compense el nuevo esquema de costos. Sin embargo, la última mesa de negociación en la provincia de Buenos Aires fracasó.
Mientras los transportistas denuncian que trabajar bajo las condiciones actuales es “operar a pérdida”, los dadores de carga no han logrado formular una propuesta que destrabe el conflicto, dejando a la logística del país a la deriva.
Impacto millonario
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) emitió un comunicado urgente advirtiendo que las “prácticas extorsivas” de los transportistas autoconvocados han hecho colapsar las terminales bonaerenses.
El daño económico ya es tangible y se mide en divisas que el país pierde. Según fuentes del sector cerealero, existen u$s 100 millones en buques que, tras haber cargado en las terminales del Up River (Santa Fe), debían completar sus bodegas en los puertos del sur bonaerense y no pudieron hacerlo.
La gravedad de la situación ha provocado que las navieras internacionales comiencen a desviar sus rutas, evitando cargar en Argentina ante la falta de garantías logísticas.
Sin mediación estatal
Quizás el dato más alarmante de esta crisis es la ausencia de mediación estatal. En un contexto donde la pérdida de divisas afecta directamente a las reservas del Banco Central y a la estabilidad macroeconómica, el Estado ha optado por una postura de prescindencia, argumentando que se trata de un conflicto entre privados.
Esta falta de intervención de la Secretaría de Transporte y de los organismos provinciales ha dejado un vacío de poder que solo ha servido para profundizar la tirantez.
“La situación es insostenible: el daño económico para toda la cadena de valor es inmenso y está afectando la reputación del país como proveedor confiable”, señalaron desde Ciara-CEC, instando a las autoridades a restaurar el orden y la libre circulación hacia los puertos.
Frente al pedido de participación del Estado, fuentes de Transporte explicaron a El Cronista que siguen la evolución del conflicto, sin embargo “en su momento tanto los dadores de carga como los acopiadores y transportistas dijeron que la participación del Estado era innecesaria”.
Con las terminales de Bahía Blanca y Necochea operativamente frenadas y las rutas bloqueadas, el conflicto amenaza con extenderse a otras regiones productivas.
