La provincia de Buenos Aires reglamentó el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RIGI) y dejó formalmente operativo el esquema creado por la Ley 15.510. Fue a través de la Resolución 36/2026 del Ministerio de Producción que aprobó el Reglamento Operativo, documento que fija el procedimiento para la presentación, evaluación y control de los proyectos que busquen acceder a los beneficios.
El régimen está dirigido a inversiones productivas desde USD 5 millones y contempla un esquema de segmentación por tramos que escala hasta proyectos superiores a USD 200 millones.
Entre los incentivos se incluyen exenciones parciales en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos, además de estabilidad fiscal de hasta 30 años para los emprendimientos de mayor magnitud.
La reglamentación precisa que podrán ingresar nuevas plantas, ampliaciones o incorporación de nuevos procesos productivos en sectores como industria manufacturera, servicios —incluyendo turismo y logística—, industrias culturales, salud y actividades intensivas en recursos naturales como energía, minería, petróleo y gas.
Pero el diseño del régimen bonaerense no se limita a un esquema de alivio tributario. La normativa incorpora obligaciones vinculadas al desarrollo de proveedores locales y metas productivas, lo que marca una diferencia conceptual respecto del RIGI nacional impulsado por el presidente Javier Milei.
En ese sentido, el gobernador Axel Kicillof avanzó con un esquema que, además de buscar atraer capital, introduce condiciones de integración territorial y encadenamientos productivos como contrapartida a los beneficios fiscales.
Cómo funcionará el régimen bonaerense
El Reglamento Operativo, aprobado por el Ministerio de Producción que conduce Augusto Costa, establece que los proyectos deberán implicar inversión nueva y superar un piso mínimo de u$s 5 millones.
La normativa organiza las iniciativas en distintos tramos según el monto comprometido, con escalas que llegan hasta los USD 200 millones y categorías superiores para grandes proyectos.
Cada segmento determina el alcance de los beneficios y el plazo de estabilidad fiscal aplicable.
Los interesados deberán presentar la documentación técnica, económica y financiera correspondiente, que será evaluada por la autoridad de aplicación antes de otorgar la adhesión formal al régimen.
Beneficios fiscales y estabilidad por tramos
Entre los incentivos previstos se destacan exenciones parciales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Inmobiliario y el Impuesto de Sellos. Además, se otorga estabilidad fiscal respecto de los tributos provinciales alcanzados por el régimen.
Para los proyectos que superen los USD 200 millones, la reglamentación habilita estabilidad fiscal de hasta 30 años, uno de los puntos centrales del atractivo para inversiones de gran escala.
El esquema combina reducción de carga tributaria con previsibilidad normativa, en un contexto en el que las definiciones fiscales se volvieron un factor determinante en la evaluación de proyectos de largo plazo.
Proveedores locales y exigencias de integración productiva
Uno de los ejes diferenciales del régimen bonaerense es la incorporación de requisitos vinculados al desarrollo productivo local.
Las inversiones superiores a USD 50 millones deberán presentar obligatoriamente un Programa de Desarrollo de Proveedores Provinciales, que incluya metas, cronograma e indicadores de cumplimiento. La autoridad de aplicación tendrá facultades de seguimiento y evaluación sobre esos compromisos.
La normativa apunta a que los proyectos generen encadenamientos productivos dentro del territorio provincial y no funcionen como iniciativas aisladas.
Dos enfoques en disputa
La puesta en marcha del régimen bonaerense se produce en paralelo al RIGI nacional promovido por la administración de Javier Milei, lo que abrió un debate político y económico sobre el modelo de promoción de inversiones.
Mientras el esquema nacional pone el acento en la atracción de grandes proyectos exportadores con amplias garantías de estabilidad jurídica y tributaria, el diseño provincial introduce como elemento central la obligación de integración productiva local.
