La Confederación General del Trabajo se movilizó ayer al mediodía contra la reforma laboral de Javier Milei y con la certeza de que algunos de los artículos que generaban mayor preocupación -en una buena parte de la dirigencia gremial- habían quedado fuera del debate.
Una parte la había adelantado la senadora Patricia Bullrich cuando dio cuenta del proyecto final que incluía tres decenas de cambios “consensuados” con bloques dialoguistas, pero todo quedó confirmando en la mañana del miércoles, cuando circuló el resumen final que fue entregado a los legisladores: las llamadas “cajas” sindicales quedaban a salvo.
Inclusive pudieron ver como aquello que era un módico recorte, aparecía eliminado. En algún momento el artículo 161 planteó que los empleadores harían una “contribución” del 5 por ciento de la remuneración de los trabajadores para las obras sociales. En rojo apareció tachado el número y fue reemplazado por un 6%.
Lo mismo sucede con la retención del pago de la cuota sindical en mano de los empleadores, que seguirá en pie, y las “cuotas solidarias” que se mantendrían, al menos, por algunos años más.
“Entendemos que hubo cambios aparentemente favorables hacia el movimiento sindical, pero bueno, nosotros de cualquier manera rechazamos totalmente este proyecto. Consideramos que realmente quita derechos tanto individuales como colectivos a los trabajadores y que no va a generar empleo”, resumió el dirigente de los Estatales de UPCN, Andrés Rodríguez, quién además se desempeña como secretario adjunto de la Central.
En Azopardo habían adelantado la voluntad del diálogo con el gobierno nacional y con los legisladores. Además prometían una progresividad de las medidas de fuerza que comenzaba con la movilización de ayer y que, de ser necesario, desembocaría en un paro general y con la judicialización más adelante.
Si bien hubo otras novedades que pueden considerarse como parte de los reclamos de los trabajadores (como el mantenimiento por un año de la ultraactividad), que la mayoría de las modificaciones fueran de carácter económico sólo acrecentó las suspicacias de los que ya venían criticando a la cúpula cegetista.
Tal como había adelantado anteayer El Cronista, la posibilidad de negociaciones tras bambalinas entre los emisarios de la cúpula sindical y el gobierno generaban resquemores en los círculos gremiales, en especial entre los más combativos que pretendían un rechazo total al proyecto, los que reclamaban la inmediata declaración de un paro general.
Eso actores mantienen sus críticas al proyecto, que van desde la declaración como servicios esenciales a decenas de ocupaciones -desde la educación hasta el transporte de caudales y los servicios privados de seguridad y custodia- hasta el pago con tickets de comida o la limitación para la realización de asambleas o descuentos de hasta el 50 por ciento del salario por enfermedades o lesiones de los trabajadores.
“Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedan los que perjudican a los laburantes. Vamos a tener que pedir permiso para hacer una asamblea y nos van a pagar con un paquete de yerba. Fue un diálogo para salvar kioskitos”, denunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar.
Cortante, el triunviro Jorge Sola, rechazó el mentado entendimiento secreto: “Si tuviéramos un acuerdo, esta ley no sería tratada”, dijo.
