Mientras el equipo económico de Luis Capito analiza la creación de un piso salarial sectorial como una de las medidas recomponer ingresos y reactivar el consumo, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se encuentra, en términos reales, en un nivel similar al de abril de 2002, uno de los peores momentos para el poder adquisitivo en las últimas décadas.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, el salario mínimo perdió 40,8% de su poder de compra, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Para recuperar el nivel promedio registrado durante 2023, el SMVM debería aumentar 70,7% y alcanzar los $655.115 a valores de septiembre de 2026.
El Gobierno fijó la prestación en $383.793 para este mes y estableció aumentos escalonados hasta abril del año próximo, cuando llegará a $436.982.
La comparación histórica muestra que el valor actual se encuentra apenas 3,7% por encima del mínimo registrado en abril de 2003, equivalente a $310.098 actuales. Además, está 12,3% por debajo del promedio de la década de 1990 y 66,9% debajo del máximo alcanzado en septiembre de 2011.

El deterioro también se observa frente a los precios regulados. Mientras el SMVM aumentó 158% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, el subte subió 2005%; el colectivo, 1510%; el tren, 1.090%; y la electricidad, el gas y otros combustibles, 856%.
Un salario que perdió fuerza
“Me parece que el Gobierno no usa la herramienta del salario mínimo básicamente porque, en términos conceptuales, no está a favor de su existencia”, señaló Federico Pastrana, economista de CP Consultores.
Pastrana explicó que el Gobierno considera que los salarios deberían determinarse a nivel de empresa o incluso individual, con una menor intervención estatal.
Según el economista, el SMVM dejó de presionar sobre la base salarial porque perdió alrededor de 40% en términos reales. Entre 2004 y 2011, llegó a representar cerca del 80% del salario correspondiente a las categorías inferiores de Comercio y Maestranza. Actualmente, equivale a cerca del 30%.

“Está totalmente desactivado”, resumió. En su interpretación, el ingreso dejó de funcionar como referencia para los trabajadores informales y perdió capacidad para impulsar los salarios más bajos.
Nuria Susmel, economista de FIEL, explicó que el salario mínimo busca proteger a los trabajadores con menor poder de negociación, especialmente a quienes tienen menor calificación, y reducir la pobreza entre quienes trabajan.

Sin embargo, remarcó que en Argentina los salarios del sector formal se fijan principalmente mediante negociaciones colectivas. Por eso, el SMVM quedó como un piso para el sector informal y como una eventual señal para los salarios de convenio, aunque ya no resulta vinculante.
“Hoy en Argentina el salario mínimo no es vinculante, ya que está muy por debajo de los salarios de convenio”, sostuvo Susmel y coincidió en que “la política de este Gobierno es que el mercado de trabajo sea lo menos regulado posible”.
La brecha con la canasta básica
El salario mínimo de septiembre representa menos de un cuarto de la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes, que alcanza los $1.564.716 según el dato utilizado por CEPA. Para cubrirla se necesitan algo más de cuatro salarios mínimos.
Frente a este “desacople”, Susmel advirtió que se trata de magnitudes diferentes: el salario es un ingreso individual, mientras que la canasta mide las necesidades de un grupo familiar.

“Siempre se compara un ingreso individual con la Canasta Básica Total, bajo el supuesto de que un ingreso individual debería cubrir las necesidades del grupo familiar”, explicó. Para la economista, esa mirada responde a una concepción antigua asociada al modelo del “hombre proveedor”.
También planteó que un salario mínimo demasiado elevado puede generar efectos negativos si las empresas no están en condiciones de pagarlo. Algunas actividades podrían reducir contrataciones, abandonar el negocio o trasladar puestos de trabajo a la informalidad.
El salario mínimo como parte del ajuste
Pastrana vinculó la licuación del SMVM con el ajuste aplicado sobre las prestaciones sociales que viene ejecutando el gobierno de Javier Milei. Recordó que el salario mínimo estuvo atado inicialmente a algunos programas, entre ellos “Volver al Trabajo”, cuyo monto rondaba los $70.000 y que fue eliminado recientemente.

“Parte del ajuste fiscal fue sobre los programas sociales y el salario mínimo sirvió como uno de los ejes de ese ajuste”, explicó. En su lectura, se trató de un ajuste silencioso producido por la inflación.
El economista también señaló que el Gobierno eligió sostener relativamente mejor la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras licuó otras prestaciones, como el programa de empleo joven Progresar.
“No era la lógica atar las prestaciones a la inflación ni a un vector salarial, sino elegir una prestación, que fue la AUH, y licuar el resto”, opinó.
La discusión que viene: pisos sectoriales
La pérdida de poder adquisitivo del SMVM y del nivel de ingresos en general, coincide con la ventana que abrió el Gobierno de establecer un “salario mínimo garantizado” o un “piso salarial mínimo” a los sueldos más bajos que se registran por convenio.
La idea fue cuestionada por FIEL, que advirtió que un piso obligatorio podría afectar a empresas de menor productividad y provocar pérdida de empleos no calificados.
Según la entidad, a diferencia de un techo salarial —que puede superarse—, un piso “no se puede perforar”. Por eso, podría trasladar aumentos a todas las categorías, achatar las escalas salariales y acelerar la sustitución tecnológica.
Con base en datos de la Secretaría de Trabajo, FIEL señaló que entre diciembre de 2024 y mayo de 2026 los salarios de convenio cayeron casi 8% en términos reales, mientras que los ingresos efectivos retrocedieron 3%. Para la entidad, esa diferencia demuestra que muchas empresas ya pagan por encima de los mínimos convencionales.
La discusión del piso mínimo está atravesada por una tensión clásica: cuánto poder adquisitivo puede recuperarse sin imponer costos adicionales sobre las empresas de menor productividad y sin que se transfiera a la inflación.






