Luego de más de un mes de la reunión que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con un grupo de contadores, el Gobierno aún no envió el proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, con la que busca captar los denominados “dólares del colchón”.
Sin embargo, a raíz del ruido que generó en la opinión pública la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) del jefe de Gabinete, Manuel Adorni —investigado por presunto enriquecimiento ilícito—, así como la de otros funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo, ingresaron al Congreso dos proyectos que buscan limitar algunos beneficios de la Ley 27.799.
Uno de ellos, presentado por la senadora Juliana Di Tullio (bloque Justicialista), apunta al corazón de la norma: la presunción de exactitud, conocida como el “tapón fiscal”, un blindaje jurídico sobre los tres períodos fiscales ya declarados.
“Lo que hace el artículo 40 es extinguir la posibilidad de que el Estado revise el pasado, sin intervención judicial, por el solo acto de pagar una declaración jurada precargada. Que ese mecanismo sea aplicable a un funcionario público investigado en sede penal constituye una afrenta al principio republicano de igualdad ante la ley y a los estándares de transparencia que el propio Estado argentino se comprometió a respetar ante la comunidad internacional”, señala el texto del proyecto.
El otro, impulsado por el diputado Esteban Paulón (Partido Socialista), busca excluir a los funcionarios públicos y a sus familiares directos de la posibilidad de inscribirse en el esquema simplificado de Ganancias.
Aplica a “los sujetos que hayan desempeñado [cargos públicos] en los últimos diez (10) años a contar desde la fecha de entrada en vigencia” del esquema. Esa lista incluye al presidente y vicepresidente, al jefe de Gabinete y a los ministros, a los gobernadores, a los senadores y diputados, a los magistrados del Poder Judicial e incluso a los rectores o decanos universitarios, entre otros.
El proyecto no solo abarca a los cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado, sino también a los excónyuges y exconvivientes “que hubieran sido cónyuges o convivientes durante el plazo fijado en dicho párrafo”.
Ambos textos fueron presentados el 10 de junio, fecha que coincide con la adhesión de Adorni al régimen y con la difusión de una lista de funcionarios del gobierno de Javier Milei que también tomaron esa decisión.
Tal como aclaró El Cronista en diferentes artículos, la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada a fines de diciembre de 2025, no excluye a las Personas Políticamente Expuestas (PEP). Sin embargo, la adhesión de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, motivó críticas de distintos sectores de la oposición, ya que ambos som investigados por la Justicia por inconsistencias patrimoniales e irregularidades en sus declaraciones juradas, entre otras cuestiones.
La inscripción del jefe de Gabinete en el Régimen Simplificado de Ganancias cayó como un baldazo de agua fría para el Ministerio de Economía, dado que esa misma semana se había conocido un borrador del nuevo proyecto que el Ejecutivo enviaría al Congreso con cambios orientados a brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
El texto incluye una serie de sugerencias que los profesionales le manifestaron a Caputo en la reunión en el Palacio de Hacienda: eliminación de los parámetros de ingresos y patrimonio, flexibilización de las discrepancias significativas y de la impugnación de la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, entre otros aspectos.
Ante la consulta de este medio, ni el Ministerio de Economía ni Presidencia brindaron precisiones la semana pasada sobre cuándo se presentará el proyecto con las modificaciones a la Ley 27.799.
Algunos contadores esperaban con expecativa la iniciativa porque, además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había extendido la fecha de presentación y pago de la declaración jurada hasta el 27 de julio.
Esa prórroga les daba más tiempo a los contribuyentes para asesorarse, adherirse al régimen, presentar la Declaración Jurada Simplificada, pagar en término y acceder a los beneficios: efecto liberatorio del pago y presunción de exactitud (“tapón fiscal”).
“Sobre el proyecto, es muy bueno porque define con certeza conceptos que antes no estaban claramente establecidos y da mayor posibilidad de adhesión”, explicó una fuente con expertise en la materia, enfocando su comentario en un aspecto fundamental: brindar mayor seguridad jurídica.
Aun así, la primera duda que tenían los asesores contables consultados por El Cronista era cuánto podía demorar el Congreso en aprobar los cambios, en caso de que el Gobierno enviara la nueva versión de la “inocencia fiscal” a la brevedad.
“Vamos a estar mandando una versión renovada, luego de haber tenido esta reunión con los contadores, que nos pasaron sus inquietudes. Así que esperemos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor”, aseguró Caputo a comienzos de este mes.
Pero el escenario cambió: ahora, la principal incógnita entre los profesionales es si el proyecto finalmente llegará antes del 27 de julio. Y, en caso de que eso ocurra, si los legisladores acompañarán la iniciativa.
Hay quienes creen que no hay “mucha celeridad” en tratar los cambios que dejó trascender el Ejecutivo. Según comentan, esas modificaciones permitirían la inscripción de otros contribuyentes que hoy no pueden ingresar bajo los parámetros actuales.
En este contexto, algunos contribuyentes ya elaboraron sus declaraciones juradas bajo la modalidad del régimen simplificado. Sin embargo, ahora el interrogante es si mantendrán esa decisión al momento de presentar y pagar el impuesto o si, en definitiva, optarán por hacerlo bajo el régimen general.
