Si bien el Gobierno barajó la idea de vetar el Presupuesto 2026, dado que no pudo derogar la ley de discapacidad y el financiamiento universitario, lo cierto es que el propio presidente Javier Milei descartó esa posibilidad.
La denominada “ley de leyes” obtuvo media sanción en el Senado y, con la aprobación de la Cámara alta, el oficialismo logró lo que tanto anhelaba: que el proyecto se convierta en ley antes de que finalice el 2025.
No obstante, Milei señaló hace algunos días que implementará ajustes internos en las partidas para garantizar el cumplimiento del déficit cero, el ancla fiscal innegociable del plan de estabilización que lleva adelante esta administración.
“Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, sostuvo en diálogo con LN+.
Según datos aportados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal estimado para la ley de financiamiento universitario se ubica en 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en el caso de la ley de emergencia nacional en discapacidad se asciende a 0,27% del producto.
Más allá de este aspecto, en el Presupuesto 2026 figura un apartado donde se detallan los fondos que dejará de recaudar la Nación por otorgar exenciones fiscales. Según el documento enviado al Congreso, resignar estos recursos le costará al Estado el equivalente a $ 35,3 billones (3,42% del PBI).
Este cálculo se encuentra dentro de los “gastos tributarios”, aquellos que impactan en la recaudación al otorgar un tratamiento impositivo diferenciado con relación a un sistema tributario de referencia. Con ello se busca beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.
“Una transferencia de recursos públicos implementada a través de una reducción de las obligaciones tributarias con relación a un impuesto de referencia, en lugar de un gasto directo”, sintetiza el proyecto.
La estimación de estos conceptos busca otorgar mayor transparencia a la política fiscal, aportando una medición aproximada del gasto equivalente vinculado a los tratamientos impositivos preferenciales vigentes.
Presupuesto: cuántos recursos destinará el Gobierno a exenciones o reducción de alícuotas en 2026
Por lo tanto, una gran parte de los $ 35,3 billones que dejaría de recaudar el Ejecutivo durante 2026 corresponde específicamente a exenciones impositivas o a la reducción de alícuotas para ciertos sectores.
En concreto, según lo indica la propuesta oficial, $ 30.463.892,4 millones se vinculan a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y $ 4.836.815,2 millones a beneficios otorgados en los diversos regímenes de promoción económica.
En este último punto, la partida que mayor gasto representa es el “Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego”, que demandará una erogación de $ 1,79 billones (0,17% del PBI) en 2026.
Le siguen el “Régimen para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa”, con un gasto proyectado de $ 1,05 billones (0,1% del PBI), y la “Promoción de la actividad minera”, que implicará resignar $ 595.896,1 millones (0,06% del PBI).
En la sección de los “gastos tributarios” aparecen las exenciones impositivas o reducción de alícuotas. Allí se pueden observar, en primer lugar, los beneficios que se contemplan en el impuesto a las Ganancias.
Exención de Ganancias para jueces
En total, representan un costo de $ 2,12 billones (0,21% del PBI), de los cuales $ 881.676 millones corresponden a la “exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales“. Cabe recordar que no están obligados al pago de este tributo aquellos funcionarios del Poder Judicial que se encontraban en funciones antes del 1° de enero de 2017.
A ello se suma que las asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas también están liberadas de pagar este gravamen. El beneficio tiene un costo de $ 868.914,9 millones (0,08% del PBI).
En segundo término se ubican las exenciones para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con un gasto estimado de $ 6,2 billones (0,6% del PBI). Lo más destacado es la liberación de cargas a las prestaciones médicas a obras sociales y al INSSJyP (PAMI), que representan $ 2,59 billones, y los servicios educativos, con un beneficio impositivo de $ 1,04 billones.
También se introdujeron reducciones de alícuotas de ese tributo para la construcción de viviendas (costo de $ 1,5 billones -0,15% del PBI-) y para la venta de productos como carnes, frutas, miel, legumbres y hortalizas frescas (costo de $ 3,2 billones -0,31% del PBI-).
Asimismo, quedan exentos del pago del impuesto a los combustibles líquidos aquellos utilizados en la zona sur del país, lo que representa para el Estado una erogación de $ 541.543 millones (0,05% del PBI). A esto se agrega una reducción del tributo por la incorporación de biocombustibles (bioetanol y biodiesel), que implica resignar $ 651.548,8 millones (0,06% del PBI).
El beneficio en el impuesto a los combustibles para el biodiesel utilizado en la generación de energía eléctrica, lo que demandará un gasto estimado de apenas $ 600.000.
Finalmente, para el impuesto sobre los Bienes Personales, existe una “exención de los depósitos en entidades financieras”, por la cual el Estado resignaría $ 62.859,8 millones (0,01% del PBI).
