El gobierno de Javier Milei quiere cerrar el 2025 con la aprobación de uno de los dos proyectos -además del Presupuesto 2026- que se debaten en el Congreso: el denominado “Principio de Inocencia Fiscal”.
Se trata de una iniciativa que, en la práctica, buscará que los argentinos utilicen los llamados “dólares del colchón” para “remonetizar” la economía.
Es que según estimó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante un evento de la Fundación IEB, los ciudadanos tiene alrededor de u$s 200.000 millones fuera del sistema financiero.
Precisamente, el Ejecutivo apunta a que esos ahorros se vuelquen en la economía formal. “Queremos que la gente pueda usar sus dólares sin miedo a que la persigan”, remarcó Caputo a comienzos de mayo.
El titular de Hacienda hizo énfasis en lo que calificó como el “cuento de que la gente no saca los dólares para gastarlos”. Desde su perspectiva, “no lo hacen porque les rompen los cocos”.
Más allá de estas declaraciones, el proyecto de “inocencia fiscal” propone abandonar el esquema presuntivo y punitivo para reemplazarlo por un régimen en el que los argentinos serán considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Esto implica, de manera explícita, un giro en la relación entre el Estado y los contribuyentes. “Evaluado en una perspectiva más general, la iniciativa se inscribe en el marco del proceso de consolidación fiscal y desburocratización del Estado, con el objetivo de reducir la carga administrativa sobre los ciudadanos”, precisa un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea.
El proyecto propone, además, cambios en el régimen penal tributario, el procedimiento tributario y la creación del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
La propuesta ya tuvo media sanción en Diputados. Resta aún el aval del Senado, aunque el Gobierno entiende que no habrá reparos y la iniciativa podría ser aprobada esta semana.
Dólares del colchón: las cinco claves del proyecto de “inocencia fiscal”
Más allá de su tratamiento legislativo, el proyecto de “inocencia fiscal” no introduce una novedad absoluta, dado que el Gobierno ya había presentado a mediados de mayo -tras un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Economía, el Banco Central (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- el “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos“, con el objetivo de que la economía “siga creciendo al 6% anual”.
La diferencia es que ahora el Ejecutivo busca brindar un respaldo jurídico a los contribuyentes.
1. Relación fisco-contribuyente
Uno de los aspectos centrales es el cambio en la relación fisco-contribuyente. El objetivo del Gobierno es que ARCA no pueda recaer sobre los ciudadanos, salvo que detecte irregularidades concretas.
Es decir, el organismo no podrá presumir la intención de evasión en todos los casos. La persecución penal y los controles deberán estar vinculadas a pruebas concretas o conductas dolosas.
En ese sentido, el eje del proyecto es promover una relación “más transparente” entre el fisco y los contribuyentes.
2. Régimen Penal Tributario
La iniciativa modifica los montos mínimos a partir de los cuales una conducta ser considerada un “delito tributario”:
- Evasión simple: el umbral pasaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones (cambio en el primer párrafo del artículo 1° del Régimen Penal Tributario).
- Evasión agravada: el umbral pasaría de $ 15 millones a $ 1.000 millones (cambio en el inciso a) del artículo 2° del Régimen Penal Tributario).
- Facturas apócrifas: el umbral pasaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones (cambio en el inciso d) del artículo 2° del Régimen Penal Tributario).
No obstante, el contribuyente podrá evitar la denuncia penal (extinción de la acción penal) si abona el total de la deuda e intereses o, en caso de haberse iniciado el proceso penal, mediante el pago adicional del 50% del monto adeudado dentro de los treinta días hábiles posteriores a la imputación.
3. Procedimientos fiscales
El “Principio de Inocencia Fiscal” también introduce una serie de cambios en cuanto a los procedimientos administrativos y los plazos de prescripción tributaria previstos en la Ley 11.683.
En ese marco, se propone reducir el plazo general de prescripción para aquellos contribuyentes que presenten en término sus declaraciones juradas y no registren discrepancias sustanciales con la información del fisco.
Asimismo, la iniciativa contempla las siguientes modificaciones:
- Multas: se actualizan los montos (por ejemplo, de $ 200 a $ 220.000 y de $ 400 a $ 440.000).
- Prescripción: cinco años para contribuyentes inscriptos (general), tres años para contribuyentes inscriptos -si la declaración es presentada en término y sin discrepancias significativas- (reducida) y diez años para no inscriptos.
En cuanto a las multas, el proyecto prevé que los montos se actualicen automáticamente por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) a partir del 1° de enero de 2027.
Sin embargo, este punto es uno de los más criticados por los especialistas en tributación. Según advierten, el incremento sin escalas de gradualidad vinculadas al perfil del contribuyente podría generar impactos en pymes y personas humanas.
“El debate legislativo ahora se centra en si la actualización masiva de las multas logra un equilibrio adecuado entre eficacia sancionatoria y razonabilidad, o si abre la puerta a futuros cuestionamientos por desproporción en casos concretos", señaló en su blog el contador Marcos Felice.
4. Régimen Simplificado de Ganancias
El régimen simplificado de Ganancias se destinará a personas humanas y sucesiones indivisas -residentes en el país- con ingresos de hasta $ 1.000 millones y patrimonio inferior a $ 10.000 millones.
Bajo este esquema, el contribuyente podrá aceptar con efecto liberatorio total del impuesto y presunción de exactitud, salvo que se detecten discrepancias graves o documentación apócrifa.
No obstante, ARCA podrá impugnar la declaración jurada, siempre y cuando haya "una discrepancia significativa entre la información declarada y la información disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros".
5. ¿Blanqueo?
Existen diferencias sustanciales entre el proyecto para incentivar el uso de los “dólares del colchón” y la implementación de un blanqueo de bienes y capitales.
En primer lugar, el proyecto que se debate en el Congreso no prevé un nuevo sinceramiento fiscal de la ley 27.743, sino que lo que se intenta es establecer un nuevo criterio en donde el contribuyente es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
“Lo que intenta regularse es un nuevo mecanismo de liquidación del impuesto a las Ganancias, dirigido a un grupo específico de contribuyentes, que apunta a simplificar las tareas de determinación del impuesto”, apuntan desde el Ieral de la Fundación Mediterránea.
El propio ministro de Economía lo dejó en claro en el Amcham Summit. “No es un blanqueo. Lo que vamos a hacer es más profundo. Es el inicio de un nuevo régimen”, afirmó a mediados de mayo.
