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En los primeros dos años del gobierno de Javier Milei, la presión tributaria registró una reducción del 0,85% del PBI, según detalla un informe del Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral al que tuvo acceso El Cronista.
El principal factor que explica esta caída es la eliminación del impuesto PAIS, medida oficializada a partir del 23 de diciembre de 2024, aunque su efecto en la recaudación se sintió plenamente en 2025. Entre 2023 y 2025, este tributo dejó de representar 0,79 puntos del PBI.
El documento, elaborado por Diego Rivas y Lucio Cardinale-Lagomarsino, añade que las modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales y la dinámica de la actividad económica en el IVA también contribuyeron a reducir la presión tributaria.
Sin embargo, el estudio advierte que el sistema argentino aún no resuelve sus problemas de fondo. La presión tributaria local alcanzó el 27,6% del PBI en 2024, frente al 34,1% promedio de los países de la OCDE, ampliando la brecha por encima del 6% tras 17 años.
Más allá del esquema de alícuotas, el informe pone el foco en la complejidad del sistema. “Se puede ver a partir de las retenciones, las percepciones, los distintos niveles de tributación, las distintas administraciones fiscales y los sistemas para liquidar impuestos”, explicó Lucio Cardinale-Lagomarsino en diálogo con El Cronista.
En 2025, los denominados “impuestos de emergencia” (impuesto al Cheque, los Derechos de Exportación (DEX) y el impuesto PAIS) redujeron su participación en la recaudación total al 12%, frente al 17% registrado en 2024, alcanzando uno de los niveles más bajos desde 2004.
A esto se suma la caída del impuesto inflacionario. Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 39,1% en 2025 —medido por el índice de precios implícito del PBI—, el más bajo desde 2017, este componente invisible representó apenas el 1,1% del PBI, el segundo valor más bajo desde 2005. “El peso de la inflación como impuesto invisible y regresivo cada vez toma menor relevancia”, consignaron los autores.
Pese al orden fiscal, los avances no fueron suficientes para lograr una mejora sistémica. “Lo que se ha hecho hasta ahora es recortar el gasto público, pero también eso se puede lograr incrementando recursos, lo que no necesariamente implica subir impuestos. Si se reactiva la economía, se obtiene un incremento de recursos con los mismos impuestos que hoy existen”, subrayó Cardinale-Lagomarsino.
No solo se trata de reactivar la economía. Según el contador y magíster en Políticas Públicas, también hay “otra esfera por explorar”: la informalidad, que al cierre de 2025 afectó al 43% de los trabajadores (9,2 millones de personas) según los últimos datos publicados por el INDEC.
“Sin necesidad de bajar el gasto público, eso también permitiría reducir impuestos distorsivos, como el impuesto PAIS y las retenciones”, agregó.
Argentina, un país gravoso y costoso
El informe de la Universidad Austral expone un rasgo estructural crítico: el sistema argentino es más gravoso que el de sus pares de Latinoamérica y tiene mayores costos de recaudación.
Mientras el promedio de América Latina redujo estos costos, Argentina los incrementó, alcanzando 1,31 unidades monetarias por cada cien recaudadas.
| País | Costo |
|---|---|
| Dominica | 1,78 |
| Antigua y Barbuda | 1,56 |
| Panamá | 1,47 |
| Argentina | 1,31 |
| Bolivia | 1,29 |
| Uruguay | 0,83 |
| Guatemala | 0,82 |
| Perú | 0,81 |
| República Dominicana | 0,80 |
| Nicaragua | 0,73 |
| Ecuador | 0,63 |
| Paraguay | 0,61 |
| Colombia | 0,60 |
| Costa Rica | 0,59 |
| Chile | 0,59 |
| Honduras | 0,46 |
| Brasil | 0,32 |
| Cuba | 0,16 |
Esta combinación de carga y burocracia impacta directamente en el Índice de Performance de Política Tributaria, elaborado por la casa de estudios: apenas pasó de 4,3 a 4,4.
Una medida que ilusionó, pero que no se concretó
El Ejecutivo presentó una propuesta que había generado expectativa en el sector privado. El texto original de la reforma laboral incluía una reducción de alícuotas en el impuesto a las Ganancias para las empresas.
La baja apuntaba a los tramos 2 y 3, llevando los porcentajes del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente.
Sin embargo, el artículo fue excluido para facilitar la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. Según la Comisión Federal de Impuestos, el impacto habría tenido un costo fiscal de $ 1,2 billones a partir de 2027, afectando la caja de las provincias ($ 731.548 millones) y de la Nación ($ 512.144 millones).
Según la Universidad Austral, la medida habría beneficiado a unas 56.000 empresas, es decir, el 34,3% de las sociedades que tributan el impuesto, de acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
“La mayoría de los impuestos coparticipables son muy difíciles de reducir, porque se necesita la suma de voluntades no solo del gobierno nacional. Pasó con el IVA subnacional. El tema de los recursos provinciales se mete por la ventana y también es otra arista importante a la hora de evaluar medidas tributarias”, argumentó Cardinale-Lagomarsino.
El contador precisó, además, que el problema en cuestión se divide entre “las medidas de corto plazo y las de largo plazo”. Las primeras le aseguran a las provincias el ingreso de recursos —tener la caja en orden— y, por lo tanto, eso prevaleció a la hora de presionar al gobierno nacional para excluir la reducción de alícuotas en Ganancias.
“Eso deja en un segundo plano la discusión más técnica sobre un sistema tributario eficiente en términos productivos y suficiente en términos de recursos para afrontar el gasto público”, concluyó.
Sin embargo, aunque la administración de Milei logró mantener dos años consecutivos de superávit financiero (0,3% en 2024 y 0,2% en 2025) —descontados los intereses de deuda—, la carga y complejidad del sistema aún no se traducen en una mejora sustancial en términos de eficiencia.
