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La jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su decisión y aclaró que su planteo no apunta a cuestionar la reducción de la edad de imputabilidad, sino las condiciones en las que el nuevo sistema comenzaría a funcionar.

La magistrada advirtió que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad. “Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo Pascual en declaraciones radiales, quien remarcó que no desconoce la problemática de los delitos cometidos por menores.

La jueza explicó por qué suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

En ese sentido, explicó que su preocupación está vinculada con las condiciones de alojamiento y las herramientas disponibles para quienes ingresen al sistema. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.

La jueza también rechazó las críticas que recibió por su resolución y aseguró que no se opone a que la edad de imputabilidad se reduzca a los 14 años. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, respondió ante los cuestionamientos.

Cómo serán los centros de detención del proyecto de Régimen Penal Juvenil que ya tiene media sanción
Cómo serán los centros de detención del proyecto de Régimen Penal Juvenil que ya tiene media sanción

La suspensión fue dispuesta luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Para la magistrada, antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el régimen penal es necesario garantizar que existan establecimientos, personal especializado y recursos suficientes para aplicar las medidas previstas.

La decisión tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días, período en el que la Justicia buscará que las autoridades bonaerenses informen cómo se implementará el nuevo régimen y con qué recursos contará.

La Libertad Avanza pedirá el juicio político de la magistrada

La Libertad Avanza (LLA) bonaerense solicitará el juicio político a la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, por considerar que su decisión atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Asimismo, indicaron que esa medida “profundiza la situación de impunidad” que padecen los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

Según informaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, encabezará junto a sus equipos técnicos y políticos una mesa de trabajo para decidir el mecanismo que permita la destitución de la magistrada. “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, explicó Pareja.

En la misma línea, manifestó que “siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes”, en referencia la kirchnerismo/peronismo y remarcó que “también lo hicieron durante la pandemia”: “Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes”, añadió.

Además, Pareja aseguró que una jueza “que actúa como un peón” del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, “no cumple con las características básicas” que debe reunir un magistrado, debido a que “no puede anteponer una mirada política”, respecto a una ley “demandada por la gente” y votada en el Congreso.