En la última década, en materia tributaria, se intentaron recorrer tres caminos. El período del 2015 al 2019 se caracterizó en aplicar medidas tributarias focalizadas en mejorar la situación de las empresas. La idea fue producir el llamado efecto “derrame” intentando favorecer, desde el punto de vista tributario, a la oferta de bienes y servicios.

En el siguiente lapso, comprendido entre los años 2019 al 2023, pandemia de por medio, el beneficio de los impuestos se volcó a los contribuyentes individuales, diferenciándose los ingresos. La dirección tributaria estuvo dirigida a favorecer a la demanda, especialmente a los sectores de bajos recursos. Con la aparición de la pandemia, se ayudó a las Pymes para que continúen funcionando. El destinatario final de la mejora fue el consumo, pudiendo llamarse efecto “ebullición”.

Cuentas bancarias.Ingresos Brutos y tasas: la norma que puede abrir una “guerra” para elegir dónde pagar menos impuestos

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El camino iniciado en diciembre 2023, la relación estuvo en equilibro, sin inclinarse para la oferta ni a favor de la demanda. Aparecieron otros actores beneficiados, representados por las grandes inversiones de la economía extractiva (minería y petróleo), la actividad financiera y la vinculada con la aparición de la inteligencia artificial.

En síntesis, se priorizó a la macroeconomía en desmedro de la actividad económica de la calle. Se produjo una parálisis, que se expresó tanto en la oferta de bienes y servicios como en la demanda de los mismos. El resultado fue disminución de ventas, incluso de productos importados; cierre de empresas y exceso de toma de créditos por parte de las familias, que exigiría la creación de una suerte de “concurso de acreedores” a favor de los consumidores.

A continuación se detallan algunas medidas tributarias aplicadas en cada uno de los tres períodos:

1) Medidas fiscales del período 2015- 2019

Durante los cuatro años, se sancionaron medidas con el objetivo de incentivar las inversiones:

• Eliminación de las retenciones a la minería y para la actividad agropecuaria.
• Derogación del impuesto a la ganancia mínima presunta. Reducción del impuesto sobre los Bienes Personales (incluido el de participaciones societarias); en el proyecto original enviado al Congreso hubo intención de derogarlo.

• Derogación del gravamen de Ganancias sobre los dividendos del 10%. Eliminación del Impuesto a las Ganancias de igualación para las utilidades obtenidas desde los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018.
• Postergación en el pago del IVA por 90 días para las Micro y Pequeñas empresas, por la sanción de la ley 27.264 (Pymes)
• Cómputo del 100% del Impuesto al crédito y débito como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Se prometía permitir, en 5 años, el cómputo completo del impuesto para el universo de los contribuyentes.
• Reducción de la tasa del impuesto a las ganancias (del 35% al 25%) para las sociedades que mantengan las utilidades dentro de su patrimonio. La distribución de utilidades se gravó al 7%, queriéndose llevar en el tiempo al 13%.
• Blanqueo de capitales y moratoria de deudas impositivas, previsionales y aduaneras. Premio tapón para los contribuyentes cumplidores. A pesar de eso, siempre estuvo el riesgo de las facturas apócrifas, debido al criterio cuestionado de ARCA.
• Disminución de las alícuotas de Ingresos Brutos, del impuesto a los sellos y eliminación de las aduanas interiores. Este beneficio fue mermando a medida que se iban aprobando los pactos fiscales anuales posteriores.
• Se creó el impuesto cedular para determinadas inversiones financieras, para la venta de segundos inmuebles y de participaciones societarias.
• Se instauró el reconocimiento de la inflación en el impuesto a las ganancias. También fue para determinados bienes (de uso y participaciones sociales) a partir del ejercicio iniciado desde el 1 de enero de 2018. Se creó, por un año la ley de revalúo impositivo, para actualizar los costos de algunos bienes por inflación. Con esto último se reconoció un derecho para los contribuyentes, teniendo que pagar un impuesto.
• Unificación programada en el tiempo de las alícuotas de contribuciones patronales de todas las empresas en el 19,50%. Se creó un mínimo no imponible en la contribución patronal de las empresas.
• Se aprobó la ley de reparación histórica de las jubilaciones. Se intentó una reforma y un blanqueo laboral, pero no prosperaron.

Contramarcha

Sin embargo, en agosto de 2019, luego de las PASO, el Gobierno lanzó un desordenado plan de medidas económicas que se tradujeron en beneficios tributarios para las personas y las empresas. El motivo fue intentar lograr un incentivo para revertir el resultado en el acto electoral de octubre.

Según el gobierno, el objetivo de esta contramarcha fue poder generar un impacto en el bolsillo de los trabajadores, los contribuyentes autónomos y para las Pymes que se encontraban ahogadas por la alta presión tributaria. Pero en el reparto hubo ganadores y perdedores, los más beneficiados fueron los empleados en relación de dependencia, porque tuvieron una reducción del impuesto que debieron pagar hasta fin de año, incrementándose un 20% el piso que disparaba el pago de Ganancias.

A los autónomos se les redujo, en un 50%, el importe de los anticipos del impuesto a las ganancias que les restaba pagar hasta fin de año. Los monotributistas recibieron poco porque no tuvieron que pagar el componente impositivo de la cuota del mes de septiembre de 2019.

Por último, las Pymes pudieron incluir sus deudas en un plan de facilidades de pago de hasta 10 años; pero sin condonación de deuda de capital e intereses, ya que no fue una moratoria.Para los consumidores se aprobó un programa de devolución del IVA para 13 artículos de la canasta básica de alimentos. Medida impensada de aplicar antes de la elecciones.

2) Medidas fiscales del período 2019- 2023

Hubo un giro de 180 grados en las medidas tributarias aplicadas, condicionadas además por la aparición de la pandemia.

• Establecimiento de alícuotas diferenciales de las contribuciones patronales para las Pymes. Hasta ese momento existía una discriminación contra las empresas comerciales y de servicios que se encuentran en estado de discusión judicial. Se volvió a la tasa reducida de contribuciones patronales para las Pymes del 17%, en contra de la que abonan las demás empresas del 21%
• Regreso del cómputo de un porcentaje de las cargas sociales como crédito fiscal del IVA. El gobierno anterior lo quería eliminar en 5 años.
• Programas de ayuda a la producción y el trabajo (ATP), con subsidios para el pago de los sueldos y créditos a tasas blandas. También se aprobó el subsidio IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)
• Diferimiento y reducción del porcentaje de contribución patronal destinado al Sistema Previsional Argentino (SIPA).
• Moratoria impositiva, previsional y aduanera.
• Incremento de las alícuotas de Bienes Personales, siendo superiores para los bienes ubicados en el exterior. Aumento del mínimo no imponible.

• Impuesto conocido como “a la riqueza”, para determinados contribuyentes.
• Establecimiento de alícuotas progresivas para el impuesto a las Ganancias de sociedades, en lugar de la tasa proporcional.
• Quedó sin efecto la devolución del IVA para los 13 productos de la canasta básica, realizándose un enroque por beneficios directos otorgados en la tarjeta alimentaria en favor de sectores de bajos recursos
• Se creó un impuesto (PAIS) por compra de divisas y gastos en el exterior del 30%, que no podía computarse contra otro tributo, más dos percepciones del 35% de Ganancias y Bienes Personales.
• Aumentó la tasa de estadística para las importaciones, del 2,5% al 3%. Este gobierno y el que le siguió prorrogaron la tasa de estadística por decreto, cuando debería haber sido por ley.
• Aumentó el impuesto interno para los automóviles.
• Se duplicó la tasa del impuesto sobre los débitos (impuesto al cheque) para los retiros de dinero en efectivo que realicen las empresas, en la medida que no están inscriptas como micro o pequeñas empresas.

3) Medidas fiscales desde 12/23 a la actualidad

Se propuso, como sucede a menudo, un nuevo blanqueo; una moratoria impositiva; una disminución de alícuotas para Bienes Personales (sin diferenciar la tasa para los bienes del exterior); una marcha atrás en la mejora del impuesto a las ganancias en los sueldos, a pesar de que años atrás, el mismo presidente y los propios gobernadores levantaron la mano para votarla; una nueva modificación de impuestos internos, alcanzado a los cigarrillos eléctricos; se eliminó el impuesto sobre la transferencia de inmuebles (ITI) y se obliga la exhibición en las facturas de los impuestos que integran el precio de los bienes y servicios.

Se eliminó el reintegro del IVA para los sectores de bajos recursos, ya que no se renovó el beneficio que vencía en el año 2023. Por la ley, dejó de estar en vigencia el impuesto PAIS, aunque todavía permanece una percepción del 35% para el dólar tarjeta.

Menos beneficios para el consumo, los consumidores ya pueden conocer cuánto pagan de impuestos en sus consumos, a pesar que para los productos de primera necesidad sean mayores a partir del año 2024.

Dentro de la ley Bases se realizó una reforma y un blanqueo laboral. Se aprobó un nuevo blanqueo de activos, pero esta vez sin beneficios para los contribuyentes cumplidores.

Se creó un régimen voluntario de pago anticipado de Bienes Personales (REIBP) de cinco años, teniendo en cuenta los activos gravados existentes al 31 de diciembre de 2023. Esta opción incluye a los responsables sustitutos del impuesto, como las sociedades que abonan por las participaciones y los representantes de personas residentes en el exterior que posean bienes en el país. Se redujeron las alícuotas de Bienes Personales.

Se anuló la mejora que se dio a través de la ley 27.725 para la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia, volviendo el Impuesto a las Ganancias. Se elimina el impuesto cedular de altos ingresos que se había creado por esa ley. Se elaboró una tabla de las alícuotas progresivas que se aplica del Impuesto a las Ganancias para las personas físicas.

Fueron eliminados diversos regímenes de información que debían presentarse en ARCA:

• Régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Antes de la medida, las administradoras de tarjetas de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago.
• El CITI Escribanos (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes), un sistema de información implementado por la ex (AFIP), a través del cual los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales
• El régimen informativo de compra-venta de vehículos usados (rodados).
• El régimen informativo de pago de expensas, que obligaba a informar a partir de $ 32.000.
• Código Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI).
• El régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía.

Adicionalmente, se decidió elevar los umbrales que obligan a cumplir determinados regímenes de información por las operaciones bancarias y financieras.

Se aprobó una nueva reforma de Modernización Laboral que incluye blanqueo de empleados y reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones que cumplan con ciertos requisitos. Se crea el FAL, fondo que subsidia las indemnizaciones laborales con fondos jubilatorios.

Se crea un régimen de Inocencia Fiscal, para que los dólares no declarados ingresen al circuito formal. En esa dirección se elevan exageradamente las multas automáticas, sin un período de morigeración; se disminuyen los plazos de prescripción de impuestos a tres años y a 5 años los previsionales.

Se crea formalmente la presentación simplificada del impuesto a las Ganancias, que no exige información de consumos ni de patrimonio. Esa liquidación simple se pone en riesgo con discrepancias que están expresadas en la propia ley y no exime de cumplir con la ley 25.246 de lavado de dinero y de otras normas como la ley penal cambiaria. Se crea el incentivo al pago voluntario de impuestos, que no es otra cosa que una inducción coercitiva al cumplimiento de los contribuyentes.

Se efectúa una nueva reforma tributaria, camuflada dentro de la ley de modernización laboral. Se eximen de impuestos internos la compra de yates, aviones y objetos suntuarios, entre otros.Se elimina el impuesto cedular a la venta de segundos inmuebles y se exime de ganancias a los alquileres de inmuebles para vivienda. Se autoriza la actualización de los quebrantos impositivos.

Se crean regímenes especiales de beneficios impositivos a las grandes inversiones (RIGI); a las medianas inversiones (RIMR), con menos beneficios y se propone crear un “súper Rigi” limitado a algunas actividades. Para las Pymes no se propone nada.

En este período parcial, no se fomenta el consumo, ni la oferta, desde sus comienzos sólo importa encontrar la forma aplicando medidas para que los dólares puedan ver la luz del sol.