Con la decisión de resetear parte de la metodología con la que se elabora el índice de inflación, el Gobierno se metió en un callejón del que le costará salir. El Indec había hecho una actualización que iba a ponerse en marcha este mes, pero el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo resolvieron no aplicarla. La decisión motivó la renuncia de Marco Lavagna, el director del organismo, y creó un revuelo previsible.
El argumento oficial fue más político que técnico. El Ejecutivo aseguró que, ante la certeza de que el proceso de desinflación iba a continuar, no quería que el cambio en el indicador le diera pie a la oposición a cuestionar las cifras con el argumento de que fueron “manipuladas”. Pero al hacerlo, convirtió una reformulación técnica en un factor en el que el número del IPC quedó resignificado.
Pero el debate no terminó ahí. Para tratar de sacar el tema de la agenda, el ministro de Economía anunció el miércoles por la noche que iban pedirle al Indec descartar por completo la actualización de Lavagna y preparar una nueva encuesta de hogares, la base que se utiliza para ponderar los diferentes consumos que le dan forma al IPC. El argumento fue que los datos que se iban a procesar, relevados en 2018, ya habían quedado viejos por los hábitos que instauró la pandemia.
La consecuencia no será buena para la economía, ya que en los hechos prolongará todavía más el uso de un indicador que está armado con referencias de 2004. Según la estimación de algunos analistas, si Milei y Caputo ratifican esta intención, habrá que esperar otros tres o cuatro años para contar con un nuevo IPC, ya que preparar una nueva encuesta de hogares pueda demandar un año y llevarla adelante, otro más.
Es necesario seleccionar hogares y evaluar sus hábitos a lo largo de doce meses (para contemplar invierno, verano, vacaciones, etc), Y después lo que corresponde es chequear sus resultados durante un período de tiempo para comprobar su fiabilidad.
La ponderación que descartó el Gobierno es la misma que ya utiliza la Ciudad de Buenos Aires. También hay algunas provincias que actualizaron sus datos con esa base, que efectivamente reconoce un mayor gasto de las familias en servicios (vivienda, agua, energía, transporte y comunicaciones) y un menor peso en bienes como alimentos y ropa.
A lo largo de 2025, los economistas que procesaron precios con la encuesta de hogares de 2018 reconocieron que la brecha entre los IPC era mínima, aunque crecerá si se sostiene el sendero previsto de ajuste de tarifas. O sea, para el Gobierno la preocupación sigue siendo el número. Y aunque no esté manipulado (puertas adentro del Indec nadie habilita esa sospecha), mantener un índice que subestima el principal aumento no es bueno. Las buenas políticas económicas tienen que ser inmunes a cualquier cambio estadístico.
