Durante su disertación en el Latam Economic Forum, el ministro Luis Caputo sentenció: “El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política”. La afirmación, formulada con el habitual aplomo del titular del Palacio de Hacienda ante un auditorio colmado de empresarios e inversores, condensaba una pretensión medular del relato oficial: la convicción de que los equilibrios macroeconómicos y el rigor fiscal bastarían para doblegar las leyes de la gravedad de la política criolla.
Sin embargo, la evidencia que arroja la realidad cotidiana tiende a refutar de plano ese optimismo determinista. Lejos de subordinarse a los dictados de una planilla de cálculo, en la Argentina contemporánea es la política la que, una vez más, condiciona, distorsiona y termina por llevarse puesta a la economía.
Enfocar el debate exclusivamente en las fluctuaciones del corto plazo equivale a confundir el síntoma con la enfermedad. Que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio haya registrado una contracción del 2,9% mensual desestacionalizado y un retroceso interanual del 1,4%, o que la caída del 0,6% del PBI en el segundo trimestre consolide las condiciones de una recesión técnica, no constituye la causa originaria de las tensiones actuales.
Se trata, más bien, de las consecuencias lógicas de un persistente bloqueo de economía política. Esta encrucijada se manifiesta con nitidez en tres dimensiones críticas: la anticipación distorsiva del calendario electoral, el riesgo de reversibilidad que acecha a las reformas estructurales y la deliberada renuencia oficial a construir consensos básicos.
En primer término, el clima electoral adelanta y tergiversa las conductas de los agentes económicos. Las conductas preventivas que hoy dominan en los mercados financieros y en las decisiones empresarias no se originan en una súbita pérdida de solvencia, sino en el pánico anticipado ante la incertidumbre electoral. La obsesión de las autoridades por montar esquemas de contención cambiaria revela una debilidad estructural innegable: el pavor a una corrida anticipada al momento electoral.
A esto se suma la perceptible desaceleración en las compras netas de divisas por parte del Banco Central y el ensanchamiento en las cotizaciones del dólar futuro. La desesperada búsqueda por blindar las reservas desnuda que la economía no camina con autonomía; por el contrario, permanece rehén de la dramatización política y de la fragilidad de las expectativas.
En segundo lugar, se destaca el plano estructural: el riesgo de reversión. El programa de modernización y desregulación que La Libertad Avanza enarboló como contrato fundacional se encuentra aletargado y empantanado en la maraña de su propia debilidad operativa. Desde el oficialismo suele ensayarse una respuesta complaciente: se asegura que las transformaciones de fondo terminarán de plasmarse a lo largo de un segundo mandato. El argumento entraña una falacia de incentivos evidente.
Si el Gobierno no logró consolidar las reformas estructurales en el cenit de su capital político y legitimidad electoral, ¿qué fundamentos racionales habilitan al mercado y a la sociedad a confiar en que lo hará en una segunda gestión, signada por un natural desgaste de poder y una mayor fatiga social?
El núcleo de este dilema es la credibilidad. El caso de la reforma laboral es paradigmático. Frente a las proclamas oficiales que prometían que una desregulación acelerada propiciaría un shock de formalización, los datos del INDEC sobre el mercado de trabajo en el segundo trimestre de 2026 encendieron luces de alerta: la tasa de desocupación se ubicó en el 7,9% y el trabajo no registrado trepó al 37,3% del total de asalariados.
Cuando la precarización laboral avanza por sobre el empleo registrado, la pretendida flexibilización muestra sus límites: sin estabilidad integral, previsibilidad normativa e inversión de capital sostenida, la formalización no se decreta por mera desregulación normativa.
Esta divergencia entre el relato discursivo y la economía cotidiana se refleja con crudeza en los relevamientos de opinión pública. Las mediciones de la Universidad Torcuato Di Tella aportan matices significativos: mientras el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de agosto registró 2,06 puntos —sosteniendo a Milei en su mes 32 por encima de Macri (+5,9%) y Fernández (+74,1%)—, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de septiembre (41,18 puntos) expone fracturas: si bien los sectores bajos mejoran por el ancla inflacionaria (+12,3%), los estratos altos caen 4,1% y la percepción sobre la situación macroeconómica general retrocede 0,7% mensual y 1,3% interanual.
Aún más determinante resulta el diagnóstico del último informe de Humor Social y Político de D’Alessio IROL - Berensztein de agosto. Allí se observa que dos tercios de la sociedad perciben un deterioro palpable: el 66% evalúa que la situación económica del país está peor que hace un año y un 67% manifiesta que su economía personal empeoró. De cara al futuro, el 59% prevé que la economía estará peor dentro de un año.
El ranking de preocupaciones ciudadanas pasó a estar dominado por las restricciones del bolsillo: el costo de los servicios públicos encabeza las inquietudes con el 60%, seguido de cerca por el temor a que los ingresos no alcancen para mantener el nivel de vida (59%) y la incertidumbre económica general (58%). La paciencia social no es un cheque en blanco cuando el 60% de los endeudados reconoce que el principal motivo de atraso es, sencillamente, que los ingresos no alcanzan.
La tercera dimensión radica en la ausencia deliberada de consensos. El desarrollo sostenido exige acuerdos sensatos y compartidos entre el Ejecutivo, el Congreso, las provincias y los sectores productivos. Iniciativas como el postergado Pacto de Mayo o las apelaciones a causas identitarias como Malvinas se diluyeron como tácticas de corto plazo.
La raíz del problema es que al oficialismo no le interesa pactar: la polarización extrema y la batalla cultural son indispensables para cohesionar a su núcleo duro. Sin embargo, la lógica de trincheras que maximiza réditos electorales inmediatos se convierte en un corset asfixiante para atraer inversiones estratégicas y lograr una consolidación institucional a largo plazo.
Suponer que el futuro del país quedará resuelto por la pericia técnica del Ministerio de Economía o por licitaciones financieras de emergencia es recaer en una conocida ingenuidad. Mientras persista el riesgo de reversibilidad normativa, las reformas estructurales permanezcan frenadas y el conflicto eclipse la capacidad de acuerdo, la economía seguirá marchando a los tumbos.
Contrariando las aspiraciones de Caputo, no será la economía la que se lleve puesta a la política: es la política no resuelta la que continúa marcando el compás y los límites del devenir económico argentino.
