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En Colombia, el acceso a los subsidios estatales está condicionado por reglas claras sobre los canales de pago autorizados. Sin embargo, muchos beneficiarios no conocen que el uso de ciertas billeteras digitales no avaladas puede afectar directamente la recepción de esos apoyos. Esta situación ha generado preocupación entre quienes dependen de programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA o Colombia Mayor.
El Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha advertido que, si bien las billeteras digitales ofrecen facilidad y rapidez en las transacciones, no todas están habilitadas para recibir subsidios. Usar una plataforma no autorizada podría ocasionar la suspensión del pago, o incluso la inhabilitación temporal del beneficiario hasta que regularice su situación.
Por ello, es fundamental que quienes reciben ayuda del Estado verifiquen con anticipación cuáles son losmedios de pago oficiales. De lo contrario, corren el riesgo de perder el acceso a montos que, en muchos casos, representan el único ingreso mensual para familias vulnerables.
Estas son las billeteras digitales no autorizadas por Prosperidad Social
Actualmente, Prosperidad Social ha delegado el pago de subsidios en entidades financieras reconocidas como Banco Agrario, SuperGIROS y Movii, entre otras previamente habilitadas. Cualquier cambio en los canales oficiales debe ser confirmado en los comunicados oficiales del DPS o en su sitio web.
El uso de billeteras digitales distintas, como Nequi o Daviplata, sin previa autorización, puede ser interpretado como un desvío irregular del subsidio. Incluso si el dinero llega a estas plataformas, podría considerarse un error del sistema y dar lugar a bloqueos por verificación.
Los riesgos de quedar inhabilitado para recibir subsidios
Si un beneficiario transfiere o registra su subsidio en una billetera digital no autorizada, corre el riesgo de ser suspendido temporalmente del programa. La reactivación del pago puede demorar semanas, ya que requiere un proceso de verificación e identificación del titular.
Además, en algunos casos, si el titular no actualiza su información bancaria dentro de los plazos establecidos, podría quedar inhabilitado definitivamente. Esto no solo afecta el ingreso actual, sino también la posibilidad de acceder a futuros programas del Gobierno.