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Martes 02.09.2014 | 18:16
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Democratizar la Justicia o ¿una nueva trampa del relato K?

We
La idea por ahora imprecisa de democratizar la Justicia lanzada por Cristina despertó más dudas que certezas. Esta semana, el juez de la Corte Raúl Zaffaroni reavivó el debate, al ratificar su rechazo a la elección popular de los jueces promovida por los K. Especialistas opinan por qué sospechan de una maniobra para presionar a los jueces. Reforma constitucional, en la mira.
 Horacio Rosatti, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner (2003-2005).
Horacio Rosatti, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner (2003-2005).
 Roberto Gargarella, constitucionalista y profesor de la UTDT.
Roberto Gargarella, constitucionalista y profesor de la UTDT.
 Alejandro Fargosi, representante de los  abogados en la Magistratura.
Alejandro Fargosi, representante de los abogados en la Magistratura.
 Daniel Sabsay, especialista en derecho constitucional.
Daniel Sabsay, especialista en derecho constitucional.
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La idea de democratizar la Justicia que empezó a sonar fuerte en el epílogo de 2012 luego de que Cristina Kirchner esbozara su intención de avanzar en esa iniciativa -poco clara, por ahora- como correlato del penoso fallo del caso Marita Verón encendió luces de alarma en el arco opositor y la llamada “familia” judicial.
“Lo que se pretende es presionar a la Justicia para que falle conforme con los parámetros del Ejecutivo”, bramaron, palabras más, palabras menos, los más escépticos, acostumbrados a esta altura a buscar en los anuncios kirchneristas segundas intenciones. Luego, arrancó el verano, se habilitó la feria por la expropiación del predio de la Rural y lejos de aplacarse, el debate siguió. Sin ir más lejos, las opiniones del juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, el supremo más cercano a la Rosada, que volvió a pronunciarse esta semana en contra de la elección popular de los jueces, reavivó la discusión que promete ir in crescendo en las próximas semanas.
WE consultó a cuatro juristas y especialistas en Derecho que dieron su veredicto. La opinión no es unánime, pero casi: se trata -coincide la mayoría de los expertos- de una nueva maniobra del kirchnerismo para amedrentar a los jueces y someterlos a las presiones del poder político.
Roberto Gargarella, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, sentencia: “Desde la reforma a la composición de la Corte y el decreto 222 (que estableció un nuevo sistema de designación de jueces del Máximo Tribunal), que pertenecen al minuto uno del kirchnerismo, todo lo que ha hecho el Gobierno con la Justicia es presionarla y trabajar contra la imparcialidad judicial. Desde el Consejo de la Magistratura y su reforma, a los jueces subrogantes, a la distorsión de todos los organismos de control”.
Alejandro Fargosi, representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura, va más allá: “Democratizar la Justicia es nada, puro relato”, afirma, y asegura que “la Justicia ya es todo lo democrática y republicana que debe ser, por lo que llama la atención que el tema aparezca justo cuando los jueces demuestran independencia del Ejecutivo”.
En efecto; la avanzada “democratizadora” lanzada al ruedo por Cristina no fue casual. Coincidió, además de con el polémico fallo Verón, con dos sentencias que el Gobierno intenta aún digerir: el rechazo de la Corte a su pedido de per saltum en la causa por la ley de Medios que mantuvo vigente la cautelar de Clarín y el fallo de la Cámara Civil y Comercial que habilitó la feria judicial para bloquear el decreto que anuló la venta del predio ferial de Palermo.

Peor el remedio...

Como sea, los caminos esbozados por el Gobierno para avanzar en su nueva cruzada no están claros, aunque algunos kirchneristas ya dieron pistas, al pronunciarse a favor de la elección de los jueces por voto popular.
Al respecto, el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Horacio Rosatti, se muestra escéptico, y asegura que “los países que han adoptado este sistema, finalmente lo han dejado de lado”.
El constitucionalista Daniel Sabsay coincide: “En muy pocos lugares existe y las críticas son enormes. Los hay en algunos estados de los EE.UU, pero no a nivel federal, y también en los tribunales superiores de Japón y Bolivia. El problema es que se trata de un poder que debe tener integrantes técnicamente muy formados. Aquí la elección sería a través de los partidos y eso los haría dependientes de quien los puso en las listas”, reflexiona. Y concluye: “Si lo concretaran sería para tener jueces sumisos”.
Precisamente, en el caso de Bolivia que cita Sabsay, la nueva Constitución de 2009 estableció la elección de jueces por el pueblo. Hoy, dicen los expertos, los bolivianos sólo pueden elegir entre los candidatos a jueces que el partido dominante ofrece, mientras que la minoría no puede ofertar siquiera a uno.
Para Gargarella, la propuesta oficial lo que hace es detenerse en la puerta de entrada del problema. “El problema con la función judicial aparece en las formas de ejercicio. Es lo que vemos con los funcionarios políticos electos democráticamente: el tema está en que no los podemos controlar, no en que no los podemos elegir”. E ilustra: “Piénsese en el caso Oyarbide (el polémico magistrado a quien se acusa de fallar acorde a los criterios del Ejecutivo), que perfectamente en su momento pudo haber sido elegido por una votación en caso de haber estado respaldado por alguna fuerza mayoritaria como siempre lo ha estado”.
Pero además, igual que en el país gobernado por Evo Morales, la elección popular de los jueces, acuerdan los juristas, requeriría una reforma constitucional, un tema que el ultrakirchnerismo viene blandiendo hace rato con el propósito de conseguir que el mandato de Cristina se prolongue más allá de 2015. ¿Podría ser la reforma judicial una estrategia para alcanzar ese fin?

¿Reforma constitucional?

“Con esta Constitución estamos encorsetados, no se me ocurren medidas. Soy de la idea de que los jueces sean elegidos periódicamente, que no duren eternamente. Llegó la hora de que el pueblo participe de la elección de los jueces”, salió a decir la diputada K y abanderada de la re-re Diana Conti, apenas Cristina lanzó su planteo democratizador.
Para Sabsay, la única manera de cambiar la forma de elección de los jueces es, justamente, reformando la Constitución nacional. “La sensación que tengo es que cuando se empieza a plantear esto, primero lo de ir a un sistema parlamentario, y ahora lo de los jueces ‘democráticos’, es que atrás del carro viene la re-re. No es nada sutil”, sostiene.
Sobre este tema, Rosatti prefiere no opinar. Sí, en cambio, promueve otra faceta de la “democratización” que no requeriría reforma constitucional alguna: la organización de los juicios por jurados, una herramienta prevista en la Constitución de 1853 que no fue reglamentada. “Cuando fui ministro lo impulsé y estuvo a punto de salir, pero por motivos que desconozco, no avanzó”, se lamenta.
Fargosi muestra menor entusiasmo frente a esta institución, que funciona en la provincia de Córdoba desde 2005. “No me disgusta, puesto que los jurados son gente común que lleva sentido común al sistema, pero pueden ser muy manipulables”, dice.
“El juicio por jurados está bien, genera efectos cívicos positivos. Sin embargo, como se lo viene pensando, no resulta especialmente atractivo: sigue manteniendo a la ciudadanía alejada de la reflexión sobre los contenidos del derecho”, objeta Gargarella.

Ganancias, amenaza latente

En el lenguaje K, entre ellos el del jefe de Diputados del FPV, Agustín Rossi, democratizar la Justicia significaría, por ejemplo, que los jueces paguen impuesto a las ganancias como el resto de los ciudadanos. De hecho, en los últimos años no faltaron interesados en imponer distintas iniciativas para anular ese privilegio.
Gargarella coincide, pero advierte: “Es una medida de estricta justicia que hoy es blandida al aire como forma de presionar a la corporación judicial”. También para Rosatti, los magistrados deberían pagar ganancias. “Yo me expedí como conjuez de la Corte y voté que debían pagar en el caso Gutiérrez”, en 2006, cuando invocó la igualdad de los ciudadanos ante la obligación de pagar tributos. Aquel fallo -Rosatti votó en minoría- se basó en la demanda iniciada por el juez sanjuanino Oscar Gutiérrez, quien litigó contra Anses para que cesara de retener montos de su haber jubilatorio.
Hoy los jueces no pagan ganancias porque la Constitución establece que sus remuneraciones no pueden ser disminuidas. A diferencia de Rosatti y Gargarella, Fargosi apoya la exención. “Si sometés a los jueces al poder de la AFIP, cada vez más omnímodo, serán cada vez más presionables por la AFIP y hay que protegerlos en su independencia”, argumenta. Además, dice que el efecto impositivo sería “neutro”, puesto que como “sus salarios no pueden ser disminuidos, tendrían que aumentarlos para que siguieran ganando lo mismo”. Y completa: “El riesgo que se corre con la idea de ‘democratizar’ es que se quieran alterar los pilares básicos del sistema, que son permanencia en el cargo, intangibilidad salarial y el 82% movil jubilatorio. El sistema apunta a que los jueces sean lo menos presionables posible y aunque es mejorable, el judicial es el poder que más confianza genera en la gente de los tres poderes del Estado”.
En rigor, ni tanto ni tan poco. Según una encuesta de Management & Fit realizada en diciembre a nivel nacional, un 30% de los encuestados considera que la Justicia responde en gran parte al Gobierno nacional, mientras que un 29,4% cree que refiere a los grupos económicos. Sólo un 21,5% opina que se trata de un poder totalmente independiente.
Así las cosas, la Justicia está hoy en la mira y ni siquiera el verano le da respiro. La cruzada K por su “democratización” está en marcha; el tiempo dirá si hay segundas intenciones. z we
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