El fin de las deportaciones masivas: la acción de un juez federal contra Trump que prohíbe la expulsión de extranjeros
La Justicia enfrenta a Trump en sus políticas migratorias.
Un juez federal bloqueó temporalmente la capacidad de la administración de Donald Trump para utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en la deportación acelerada de migrantes acusados de estar afiliados a la organización criminal venezolana Tren de Aragua. La medida, anunciada el sábado, generó controversia y un rápido desafío legal.
Bloquean las deportaciones y los aviones deben regresar a Estados Unidos
El juez de distrito James Boasberg ordenó que cualquier avión en el aire transportando a estos migrantes regresara a Estados Unidos.
Boasberg, quien lidera el tribunal federal en Washington, amplió su bloqueo temporal sobre la administración de Trump, certificando una clase provisional que protege a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos afectados por la proclamación presidencial.
La orden de restricción temporal permanecerá vigente durante 14 días, o hasta nueva orden del tribunal, con una nueva audiencia programada para finales de este mes.
Trump invoca la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
Más temprano, la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual otorga al presidente amplios poderes para expulsar inmigrantes indocumentados si Estados Unidos está en guerra o enfrenta una amenaza de invasión. En una proclamación presidencial, la Casa Blanca justificó su decisión citando la designación del Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera.
La orden establecía que todos los migrantes bajo la medida debían ser arrestados, detenidos y deportados de inmediato.
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido invocada solo tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante periodos de guerra. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, se utilizó para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses. También jugó un papel clave en la política de internamiento japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
Desafío legal y respuesta del Departamento de Justicia
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward presentaron un recurso de emergencia ante el juez Boasberg, argumentando que la actividad criminal no cumple con los requisitos legales de una invasión extranjera. La ACLU enfatizó que la administración Trump estaba utilizando la ley de manera inconstitucional para justificar deportaciones masivas.
El Departamento de Justicia apeló rápidamente la orden de restricción temporal ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, buscando revertir la decisión del juez Boasberg.
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