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Miércoles 30.05.2012 | 04:53

Negocios millonarios sin licencia social

22-02-12 00:00


A la par de su desarrollo económico, las megamineras que operan en el país ven crecer también las protestas en su contra.
Los últimos dos episodios dan cuenta de que no hay licencia social para estos negocios millonarios.
A principios de febrero, a cinco meses de haber firmado un convenio con el gobierno de La Rioja para buscar oro en el cerro Famatina, la compañía minera Osisko anunció que “si no hay licencia social” para desarrollar el proyecto, la subsidiaria Minera El Portal no realizará “ninguna tarea” en la zona.
La firma se vio obligada a detener el proyecto tras las fuertes protestas en contra de la explotación, al tiempo que, dijo, implementará una campaña de información a la población sobre la actividad.
Una semana más tarde, manifestantes que participaban de una protesta en contra de la minería en Belén, Catamarca, denunciaron que las fuerzas de seguridad detuvieron a al menos 15 personas en esa provincia, entre ellos un menor, luego de que se resistieran a acatar la orden de desalojar la ruta 40, que mantenían bloqueada desde hace 15 días y que desemboca en el yacimiento Bajo La Alumbrera, un megaproyecto a cielo abierto.

A favor

En contra de las manifestaciones o antiminería se alzó, por otra parte, la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma), sindicato alineado con el gobierno de Cristina Fernández y también afiliada a la CGT de Hugo Moyano.
“Hay grandes falacias con respecto al uso del agua y del cianuro. Entendemos que lo que dicen algunos sectores no es verdad y tenemos que dar nuestra opinión al respecto, expresó Héctor Laplace, secretario general del sindicato.
Después de estas manifestaciones de repudio de un sector de la población contra la minería, especialmente, la que se desarrolla a cielo abierto, los gobernadores de las principales provincias productoras crearon la flamante Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), para intentar frenar las críticas a la actividad.
La nueva confederación contó con el aval del Gobierno Nacional, a través de la figura del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.


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