Ganan los jueces militantes: Macri deberá retroceder con las tarifas

Nada garantiza que la Corte Suprema vaya a dar vía libre al aumento de tarifas anunciado por el Gobierno y trabado en la Justicia. El durísimo dictamen que la procuradora Alejandra Gils Carbó elaboró ayer en contra del ajuste en las facturas de gas revela no solo que existe una Justicia Militante dispuesta efectivamente a complicarlo políticamente a Mauricio Macri y no dejarle pasar una mínima contravención; sino la existencia de un entramado jurídico e ideológico en los magistrados, aún en muchos que no adscriben a Justicia Legítima, y que podría mantener trabada la cuestión de los subsidios y las tarifas por varios meses, y ampliarse del gas al resto de los servicios públicos y el transporte.

Tampoco se advierte capacidad política del Gobierno para influir en el sentir de los Jueces. En la obsesión por hacer o parecer que se hace todo al revés que en la era Kirchner, y con el incuestionable argumento constitucional y republicano de que el Poder Ejecutivo no debe presionar a los jueces; la verdad es que el planeta judicial hoy en la Argentina experimenta una acefalía que descoloca hasta a los propios magistrados, acostumbrados a décadas de negociar con el poder político.

No hay interlocutores entre las partes, las denuncias de Elisa Carrió contra Daniel Angelici espantaron a todo el mundo, y el ministro Garavano no aparece muy activo en esta lidia. El escenario luce así bastante desordenado, dado que tampoco el oficialismo se presenta con voluntad de mostrar los dientes en el Consejo de la Magistratura, el único organismo de la Constitución que puede promover recambios en el Poder Judicial.

Quienes frecuentan estas horas al Presidente, cuentan que se ha visto sorprendido por la escasa voluntad de los jueces de la Corte para respaldarlo en su plan para las tarifas de los servicios. Para peor, los más reacios serían los doctores Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, curiosamente los que propuso Macri para limitar el poder de Ricardo Lorenzetti, a quien ahora varios emisarios oficiosos le van al pie, con mensajes conciliadores del Jefe de Estado.

Efectivamente ayer Alejandra Gils Carbó cambió de opinión. Antes de que aparecieran las cautelares contra los aumentos de Macri, en 2014 hubo cautelares contra los aumentos de gas de Cristina. Lo contamos en esta columna hace meses, el caso de una asociación de consumidores de Mar del Plata que fue en 2014 contra Camuzzi y logró una cautelar que impidió los aumentos en Buenos Aires y toda la Patagonia.

Fue otorgada en el juzgado marplatense del Dr. López, el mismo que, en otra causa notable, le dio la razón al abuelito que denunció que no había podido comprar los dólares para el cumpleaños de su nieto por el cepo, y fue maltratado como el abuelito tacaño por Cristina en cadena nacional. Total que el caso Camuzzi llegó a la Corte y el Supremo también pidió dictamen a Gils Carbó. La procuradora, en el caso de los aumentos de Cristina, opinó muy distinto al caso de los aumentos de Macri. Dijo en abril pasado que los jueces no pueden interferir en decisiones de política económica y que el congelamiento de tarifas no podía poner en peligro la prestación del servicio.

Esta vez mantuvo Gils Carbó la idea de que no son los jueces los que deben definir tarifas (la única definición que deja un espacio para que el Gobierno pueda aplicar aumentos) pero avaló la decisión de los jueces militantes de La Plata que frenaron en todo el país los ajustes, con el argumento de que se incumplió la ley al no realizase audiencias públicas.

Pero fue mucho más allá, afirmando que los consumidores deben saber cómo se conforma la cadena de precios de los servicios, que debe ser justa y equitativa, recomendando que los ajustes deban ser graduales y considerando el gasto total de las familias y la supervivencia de las empresas, sobre todo las pymes. La jefa de los Fiscales hasta reclamó piedad para las empresas recuperadas en su dictamen, incorporando esa curiosa categoría de consumidores a quienes el Estado debe proteger.

A esta altura, solo un milagro podría determinar que la Corte avale los aumentos del Gobierno. En el mejor de los casos, ordenará que se cumplan las audiencias públicas para los tramos de transporte y distribución de energía y pedirá al Gobierno que presente un plan gradual de reducción de subsidios. No está claro, sin embargo, si la Corte dejará vigente las resoluciones que permitan a las empresas facturar con los topes de 400% a 500% en gas que la justicia frenó. Tampoco si avanzará, como insinúa Gils Carbó, en la cadena de precios de la energía, obligando a debatir también en audiencia o en el Congreso los precios pactados para los productores de gas o generadores eléctricos.

Paga un precio alto Mauricio Macri por no haber advertido una de las herencias más complejas que recibía de la era Kirchner, además del desastre económico, monetario y fiscal. La realidad de un Poder Judicial no solamente sospechado en casos puntuales de connivencia con la corrupción política. También integrado en su mayoría por sectores incuestionablemente honestos que se sumaron en los años del kirchnerismo a los juzgados en todas las instancias, muy politizados e ideologizados, que en general adscriben a las ideas estatistas e intervencionistas de la economía. Muchas de las duras expresiones del dictamen de Gils Carbó de ayer están inspiradas en un pensamiento que podría respaldar el Papa Francisco, y serían suscriptas sin vacilar por muchos de los miembros de la Corte, incluso los recién llegados.

Se sabrá en las próximas semanas cómo sale el Gobierno del brete económico que significa tener que seguir subsidiando la energía. Los cálculos que dejó trascender la Casa Rosada hablan de unos
$ 80 mil millones que harían falta cubrir. Para presionar a la Justicia, los propios funcionarios se alarman en privando ante los periodistas, para que luego los hombres de prensa salgan a los diarios, la radio y la televisión a advertir que podría explotar el plan económico por el descalabro monetario y fiscal que produciría una fracaso total del programa para ajustar las tarifas.

Conviene apuntar, para tranquilizar a los lectores, que los problemas monetarios y fiscales del Gobierno ya estaban antes de que se ponga en tela de juicio el ajuste tarifario. Tranquiliza mucho que se consolide la tendencia en la caída de la inflación, al punto que FIEL dice que el IPC de agosto estaría más cerca de 1% que de 2%. Pero también hay que advertir que la inflación viene viajando a 2% mensual con dólar quieto hace 4 meses, tarifas congeladas y tasas al 50% para descubierto. Bien medido, el déficit de 2016 viene más para 7 que para 5 puntos del producto. Y solo el aumento extra a los jubilados el año que viene (no los juicios) suman 100 mil millones al gasto de la tesorería. Entre los vencimientos externos y el déficit fiscal real del año que viene, Argentina necesita conseguir en 2017
u$s 30.000 millones.

Los resultados del blanqueo, para bien o para mal, servirán para saber cómo supera Macri todas estas dificultades, las nuevas y las viejas. En suma, cómo llega el Gobierno al decisivo año electoral.

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