El círculo rojo está desorientado

Una buena parte de lo que Mauricio Macri y Marcos Peña denominan el círculo rojo sigue descolocado ante las principales decisiones del Presidente que no aparecen en los diarios pero que marcan una conducta determinada.

Los analistas políticos tradicionales esperaban que la nueva administración cambiara los modos, pero no el sentido de las cosas.

La semana pasada algunos se enteraron de las directivas que el jefe de Estado le dio a su íntimo amigo Gustavo Arribas, ahora al frente de la Agencia Federal de Inteligencia. "Ni se te ocurra seguir repartiendo sobres a los jueces federales y a los periodistas", le ordenó.

Esto quiere decir que Macri sospechaba o sabía que esta práctica era moneda corriente en la anterior administración. Y que el hecho de que se tratara de fondos reservados hacía más fácil la distribución irregular de dinero.

¿Aparecerá algún día la lista de fiscales, secretarios, jueces y periodistas que formaban parte de la cadena de la felicidad? Parece que, de a poco, la podrían ir reconstruyendo. ¿Cómo? "Los que recibían su parte están experimentando algo así como un síndrome de abstinencia. Salen de la madriguera, o muestran los dientes, a la espera de alguna novedad", explicaron fuentes seguras, cercanas a la nueva conducción de la AFI.

También fracasaron los intentos de los directivos de un canal de noticias de cable para hacerle saber al Presidente que lo podrían llegar a tratar muy mal si no establece un acuerdo o una tregua con sus dueños, quienes explotan negocios muchos más rentables que los medios de comunicación.

"Hagan lo que quieran. Desde el gobierno nadie va a mover un dedo para impedir que informen u opinen lo que consideran correcto", les respondieron, con algo de formalidad.

¿Se trató de una extorsión o solo querían establecer las nuevas reglas de juego? En su momento, el propio Presidente le aclaró, en persona, a un megaempresario kirchnerista: "Nadie lo va a perseguir. Excepto la justicia, en el caso de que haya hecho y siga haciendo las cosas fuera de la ley".

¿Acaso a Macri no le importa lo que dicen y hacen los hombres de negocios con poder? ¿No le afectan lo que escriban o digan los periodistas?

El asunto es un poco más complejo. En Cambiamos, el libro de Hernán Iglesias Illa, se pueden encontrar algunas pistas. Los que trabajaron en la campaña presidencial consideran que Néstor y Cristina sobrevaloraron la importancia de los medios. Que, por un lado, prostituyeron a muchos periodistas y contaminaron a varios con dinero público, y por el otro inflaron el ego de colegas y multimedios que "ayudaron a evitar que Argentina se convierta en Venezuela".

Ahora consideran que se debe transitar un camino menos dramático. Un poco más normal. Más parecido a otros países. Donde los medios y los periodistas sean importantes pero no determinantes. Con una pauta oficial destinada a comunicar y no a subsidiar a periodistas sin audiencia ni trayectoria o a falsos medios. Distribuida con un criterio lógico y que pueda ser plasmado en un proyecto de ley.

Pero este cambio no será de la noche a la mañana. Porque la Secretaría de Medios dependiente de la Jefatura de Gabinete dispone, para este año, 2016, de una pauta de entre 1.500 y 1.800 millones de pesos, pero tiene una deuda, de la anterior administración, de unos 800 millones de pesos, entre la carga documentada y la no documentada que reclaman los proveedores.

¿Podrán los nuevos inquilinos de la Casa Rosada torcer el brazo al sistema y lograr imponer su lógica de normalidad?

Como se sabe, Macri también le pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal que rechazara la eventual oferta de valijas con dinero en efectivo provinientes de la recaudación ilegal de las seccionales policiales y del Servicio Penintenciario Federal.

Y ella cumplió la directiva al pie de la letra. La gobernadora todavía cree que esa decisión, entre otras, fue la que facilitó la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schilacci. Pero ahora, los oficiales y suboficiales de la Bonaerense con más de 10 años de antigüedad están empezando a comprender que la cosa va en serio.

El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, se los hizo saber a los viejos y los nuevos intendentes, acostumbrados a elegir a los comisarios de su localidad. "Si los delitos o los casos de vista gorda crecen en tu territorio, los vecinos se van a enterar más temprano que tarde, porque vamos a publicar los datos en una base con acceso al público y a los periodistas", explicó a más de uno. Y también les dijo que, a los comisarios, a partir de determinado momento, los eligirá el gobierno de la provincia, y no los intendentes.

De cualquier manera, transformar a la Policía de la Provincia en una fuerza transparente y eficiente no será, tampoco, de la noche a la mañana. Para empezar, Ritondo va a tener que equiparla con la tecnología básica: hoy hasta los delincuentes más improvisados pueden escuchar la frecuencia policial y enterarse de cómo se mueven cada uno de los agentes.

Lo mismo que pasa en la provincia sucede a nivel político, judicial y también entre los dueños de empresas y gerentes generales que trabajan como lobbistas.

A esta parte del círculo rojo, la mesa chica de Macri la denomina el sistema. El sistema esperaba que el Presidente enviara un fuerte mensaje a los jueces para que estos avanzaran en las causas donde aparecen involucradas las figuras emblemáticas del anterior gobierno.

También esperaba que los capitalistas amigos de Néstor y Cristina fueran reemplazados, de manera inmediata, por otros más presentables y con mayor capacidad de negocios.

Pero parece que Macri todavía no emitió ninguna señal. A lo sumo le mandó a decir, a más de un empresario que conoce desde hace años, que no iba a ser discriminado por haber apoyado ostensiblemente a Daniel Scioli en la campaña, pero que tampoco iba a tener un tratamiento de privilegio, porque a partir de ahora tendría que salir a competir.

Los fiscales, los secretarios de juzgados y los jueces que pidieron instrucciones recibieron un mensaje parecido. "Hagan lo que tengan que hacer, dentro de la ley y no por razones políticas".

Hasta ahora, ni Macri, ni Peña ni los que toman las decisiones estratégicas de la nueva administración tienen miedo de que esto sea interpretado como falta de voluntad política para meter presos a quienes cometieron delitos.

Ponen como ejemplo el caso de Milagro Sala. "No vamos a negar que el gobernador Gerardo Morales hizo todo lo que pudo para que empezaran a investigarla como corresponde. Pero ahora la causa continúa por le exclusiva decisión de la justicia provincial. Y nosotros no tenemos nada que hacer allí. Es el resultado de la creación de un Estado paralelo con la suma de la reacción de fiscales y jueces que fueron amenazados por Milagro, perseguidos y humillados durante años, y sin la posibilidad genuina de aplicar le ley", consideró una alta fuente del gobierno nacional.

¿Esto quiere decir que a ex funcionarios como Amado Boudou, Guillermo Moreno, Aníbal Fernández o la mismísima Cristina Fernández les puede pasar lo mismo que a Milagro Sala? "Esto quiere decir que si los jueces deciden condenarlos y detenerlos, y tienen los argumentos jurídicos necesarios para hacerlo, el Presidente no va a mover un dedo para evitarlo. Al contrario: va a poner a disposición a todas las fuerzas del Estado para que acaten la decisión de los magistrados", explicó, con el mismo lenguaje formal, uno de las figuras más influyentes del gabinete del nuevo jefe de Estado.

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