El gobernador de Florida, Ron DeSantis firmó varias leyes, entre ellas una muy estricta que afecta a padres y niños menores. La legislación entrará en vigencia el 1 de enero de 2025 y podría tener un impacto significativo en las familias de Estados Unidos.

Esta nueva normativa impone requisitos muy estrictos y ya ha generado controversias. Muchos expertos anticipan que enfrentará desafíos legales similares a los de otras leyes en distintos estados del país.

De qué trata la nueva ley lanzada por Ron DeSantis en Florida

Básicamente, la ley HB3 establece medidas que buscan controlar el acceso de niños menores a internet. Entre sus principales disposiciones se encuentran:

• Prohibición para menores de 14 años: no podrán crear ni administrar cuentas en redes sociales.
• Consentimiento parental obligatorio: los adolescentes de 14 y 15 años necesitarán la autorización de sus padres para abrir cuentas en estas plataformas.
• Verificación de edad para contenido explícito: las personas deberán acreditar su mayoría de edad para ingresar a sitios web sexualmente explícitos.

Estas medidas, según el equipo del gobernador DeSantis, buscan dar más control a los padres sobre las interacciones en línea de sus hijos, pero han encendido el debate sobre la privacidad y los derechos digitales de los adolescentes.

Polémicas por las restricciones tecnológicas para menores

Florida no es el único estado que ha impulsado leyes similares. Arkansas, California, Louisiana, Ohio y Utah han planteado proyectos de ley con restricciones tecnológicas para menores.

Sin embargo, varias de estas leyes han enfrentado bloqueos judiciales, como sucedió en Ohio y Arkansas, donde los tribunales cuestionaron si estas normativas violan la Primera Enmienda de los adolescentes al limitar su acceso a información en línea.

El gobernador republicano, quien anteriormente vetó una versión previa de la HB3, aseguró que la ley actual es una buena noticia para Florida, ya que permite que los padres participen en las decisiones relacionadas con el uso de redes sociales por parte de sus hijos. No obstante, las demandas legales anticipadas podrían retrasar o modificar la implementación de la ley.