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Un juez federal eliminó el recargo de u$s 100,000 que la administración Trump impuso sobre las visas H-1B para trabajadores altamente calificados. La resolución, dictada el lunes por el juez Leo Sorokin del Tribunal de Distrito de Boston, anuló en su totalidad la política que desde septiembre de 2025 disparó el costo de estas visas de unos pocos miles de dólares a más de u$s 100,000.
La decisión contradice un fallo anterior de otro tribunal federal que había avalado el aumento y abre la posibilidad de resoluciones divididas en tres circuitos de apelación distintos. La Casa Blanca ya anunció que apelará la sentencia.
¿Por qué eliminaron la multa sobre las visas H-1B?
En un fallo de 42 páginas, el juez Sorokin coincidió con los demandantes en que el cobro impuesto por orden ejecutiva de Trump equivale a un “impuesto no autorizado” y no a un “pago regulatorio”, como sostenía la administración.
“El presidente no tiene autoridad para recaudar un impuesto a menos que el Congreso lo delegue expresamente mediante ley”, escribió Sorokin.
La política también violó la Ley de Procedimiento Administrativo federal y la Constitución, según el juez. La demanda fue presentada por 20 fiscales generales estatales demócratas, encabezados por California, que argumentaron que el cobro impedía a sus estados contratar maestros, médicos y trabajadores universitarios.
¿Cuánto volverán a costar las visas H-1B?
Antes del aumento decretado por Trump, los empleadores que tramitaban una visa H-1B pagaban entre u$s 2,000 y u$s 5,000 en cargos, según distintos factores del caso. Con la anulación del recargo, esos valores deberían retomarse como referencia, aunque la implementación dependerá de lo que resuelvan el USCIS y el Departamento de Estado.
El programa H-1B otorga 65,000 visas anuales —más otras 20,000 para trabajadores con títulos de posgrado de universidades estadounidenses— con una vigencia de tres a seis años.
Desde que se anunció el aumento, el cobro generó pánico entre empleadores, estudiantes y trabajadores dentro y fuera de Estados Unidos y derivó en múltiples demandas judiciales. La administración Trump tiene plazo hasta septiembre de 2026 para apelar antes de que el recargo expire por su propio vencimiento.
