El Gobierno ha implementado un plan que exige a todos los inmigrantes ilegales registrarse obligatoriamente. Esta medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca conocer quiénes se encuentran en el país y garantizar la seguridad nacional.

Aquellos que no cumplan con el registro podrían enfrentar multas o incluso encarcelamiento, lo que refleja un enfoque más estricto hacia los indocumentados.

La ley afecta a todos los inmigrantes mayores de 14 años que no fueron impresos o registrados al solicitar una visa y que permanecen en el país por 30 días o más. Una vez registrados, deberán portar un comprobante de registro si son mayores de 18 años.

¿Cómo funciona el nuevo plan de registro para inmigrantes ilegales?

Todos los inmigrantes en situación irregular deberán registrarse, proporcionar sus huellas dactilares y brindar una dirección al DHS. Este registro es obligatorio para quienes tengan 14 años o más y se ha justificado bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La falta de registro será considerada un delito, lo que podría acarrear sanciones severas.

También el Gobierno ha anunciado que creará un formulario y un proceso para facilitar el trámite. Los detalles sobre cómo llevar a cabo este procedimiento serán publicados próximamente en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Este anuncio marca un cambio significativo en la política de inmigración de la gestión de Trump, que busca revertir las prácticas de la administración anterior y llevar a cabo una campaña de deportaciones más agresiva. La incertidumbre sobre cuántos inmigrantes se presentarán voluntariamente sigue en pie, dado el temor a las repercusiones.

Implicaciones del registro obligatorio para inmigrantes ilegales

La nueva política ha suscitado preocupaciones entre grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes. La National Immigration Law Center ha advertido que el registro puede ser utilizado para identificar y deportar a personas que no cumplan con las regulaciones.

La organización sin fines de lucro sostiene que este tipo de medidas históricamente han servido para catalogar y marginar a ciertos grupos, lo que podría tener graves consecuencias para las comunidades inmigrantes.

La administración también ha señalado que el incumplimiento del registro será considerado un delito, lo que intensifica el temor. Las organizaciones de derechos migratorios sostienen que esta estrategia representa una amenaza directa a la seguridad y estabilidad de muchas familias.