Fuente: ChatGPT
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El Congreso de Estados Unidos está evaluando una propuesta para aumentar el salario mínimo federal, que ha permanecido en USD 7,25 por hora desde 2009. La iniciativa, conocida como "Raise the Wage Act of 2025", busca elevar progresivamente el salario mínimo federal a USD 17 por hora para 2030. Este cambio beneficiaría a aproximadamente 22 millones de trabajadores estadounidenses, mejorando su poder adquisitivo y nivel de vida.
Mientras tanto, varios estados han tomado medidas independientes para aumentar sus salarios mínimos. En 2025, al menos 23 estados y 65 ciudades y condados implementarán incrementos salariales, con más de 70 jurisdicciones alcanzando o superando los USD 15 por hora, y 53 alcanzando o superando los USD 17 por hora.
Nueva York tendrá uno de los salarios mínimo más altos de Estados Unidos
Nueva York anunció aumentos significativos en el salario mínimo que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. En la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, el salario mínimo se elevará a USD 17 por hora. En el resto del estado, incluyendo áreas como Syracuse y el norte del estado, el salario mínimo aumentará a USD 16 por hora.
Estos incrementos forman parte de un plan gradual aprobado en el presupuesto estatal, que también contempla ajustes automáticos anuales a partir de 2027, basados en el promedio móvil de tres años del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores de Oficina (CPI-W) en la región noreste de Estados Unidos.
Sin embargo, la legislación permite congelar estos aumentos si la economía del estado muestra señales de deterioro.
¿Cuándo entrará en vigencia el nuevo salario mínimo en Nueva York?
Si bien este aumento del salario mínimo federal propuesto en la "Raise the Wage Act of 2025" se estima que entrará en vigor en el 2026, aún no tiene una fecha de implementación definida, ya que debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.
La propuesta contempla un aumento gradual hasta alcanzar los 17 dólares por hora en 2030, pero requiere consenso legislativo, algo que ha resultado esquivo en intentos anteriores similares.
El principal obstáculo es la división partidaria en el Senado, donde algunos legisladores argumentan que un aumento sustancial podría afectar la competitividad de pequeñas empresas y generar pérdida de empleos en regiones con costos de vida más bajos.
