Un nuevo revés sacude a Celulosa Argentina. A 10 días de presentarse en concurso preventivo, los dueños de la compañía fueron denunciados por supuestas maniobras delictivas.

"Pedí al presidente de CNV (Comisión Nacional de Valores) una exhaustiva investigación de una venta de acciones por parte de directivos de Celulosa que considero sospechosa", publicó en su cuenta de X (ex Twitter) Juan Nápoli, presidente de VALOColumbus, el banco que estaba a cargo de la reestructuración de la deuda de la papelera y quien también fue asesor de bancos internacionales acreedores de Vicentin.

"Más allá de lo que actúe o resuelva CNV, iré a la Justicia (fuero penal) para que se determine si hubo maniobras delictivas por parte del empresario kirchnerista José Urtubey y sus socios en el manejo de la compañía", sumó Nápoli, en un posteo posterior, que luego borró.

VALO inició el vínculo con la empresa en abril de este año, cuando Celulosa decidió contratar sus servicios. En un comunicado que envió, también a la CNV, Celulosa se refirió a la contratación de VALO: "En el marco de una situación desafiante, caracterizado por un complejo contexto macroeconómico, sumado a factores externos de la industria que afectan su desempeño operativo y financiero, (la sociedad) ha resuelto contratar los servicios de VALO Columbus, un asesor financiero especializado en banca de inversión, con el objetivo de analizar alternativas estratégicas orientadas a reestructurar su perfil de endeudamiento, mejorar su posición de liquidez y evaluar la potencial incorporación de nuevos socios".

Celulosa Argentina es controlada por Grupo Tapebicuá, cuyos dueños son el empresario estadounidense Douglas Albretch, y los ejecutivos locales José Urtubey (hermano del ex gobernador de Salta) y Juan Collado. Estos tienen una participación directa e indirecta del 45,79% en el capital de la sociedad.

Esta denuncia cobra relevancia ya que Celulosa se presentó en concurso preventivo el pasado 1° de septiembre y, cuando eso sucede, los acreedores tienen que negociar con la empresa un plan de pagos que luego homologa la Justicia. En ese contexto, los movimientos accionariales son especialmente sensibles por varias razones.

Entre ellas, pueden implicar uso de información privilegiada. Esto es, que los directivos saben antes que nadie la gravedad de la situación, por lo que podrían tomar medidas para minimizar su riesgo. Esto, a su vez, altera el control de la propia empresa, ya que aparece la posibilidad de que un socio estratégico compre acciones para imponer un plan más favorable para los dueños que para los acreedores.

Por último, los movimientos accionarios en esta situación reducen el valor patrimonial, ya que, si las acciones se transfieren a precios bajos o con maniobras de vaciamiento, el respaldo para pagar deudas se achica.

"Este país es joda. Empresarios que se concursan pretenden darnos lecciones presentando un libro", opinó Nápoli sobre la presentación del libro de Urtubey y Redrado al que titularon "Argentina federal". Y cerró su catarata de tweets: "Celulosa es una nueva muestra de por qué hay que defender al presidente Milei más allá de los errores. El kirchnerismo lo que toca lo destroza".

A comienzos de junio, Celulosa presentó, junto a VALO, una propuesta de reestructuración de deuda a sus acreedores, entre los que figuran diversos bancos y tenedores de obligaciones negociables, pagarés y cheques. La papelera buscaba renegociar un pasivo de u$s 128 millones.

La empresa propuso reestructurar toda su deuda en un "préstamo sindicado" con dos tramos. Uno en pesos y otro en dólares. Cada uno se dividirá en corto y largo plazo, según el tipo y monto de la deuda.

En tanto, informó que empezarán a pagar a sus acreedores recién 24 meses después del cierre del acuerdo, mientras que los intereses serán del 5% para las deudas en pesos y del 3% en dólares. No obstante, estas se capitalizan (no se pagan, sino que se suman al capital) si la empresa no genera un ebitda -ganancias antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones- anual mayor a los u$s 40 millones. En el caso de que la compañía sí genere un monto mayor, destinará el 50% del excedente a pagar deuda anticipadamente con descuentos.

Otro acreedor pide la quiebra de Celulosa

El miércoles por la tarde también se conoció que otro de los acreedores de la compañía, la empresa de capitales brasileños Bbunker, solicitó su quiebra ante la Justicia santafesina.

La empresa controlada por Grupo Tapebicuá informó esta novedad a través de un comunicado que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde aclaró que "la notificación recibida no incluye copia de la demanda ni consigna monto alguno".

La presentación del pedido de quiebra se hizo, según consignó Celulosa en el escrito, antes de que la compañía se presentara en concurso preventivo, el pasado 1° de septiembre. Cabe destacar, además, que la solicitud que presentó Bbunker, también se realizó en el mismo juzgado en el que se tramita el concurso de la compañía.

Esta situación cobra especial relevancia ya que, de acuerdo con la regulación local, si un acreedor pide la quiebra de una empresa antes de que esta se presente en concurso preventivo, el proceso del concurso tiene prioridad. Esto significa que el juez no va a declarar la quiebra inmediatamente, sino que, el pedido de quiebra del acreedor queda en suspenso y se tramita junto con el concurso preventivo.

Bbunker es una empresa de capitales brasileños con operaciones en el Mercosur. Se dedica a brindar servicios de impermeabilización y revestimientos anticorrosivos en varias industrias; entre ellas, la papelera. Se trata de un proveedor clave para la industria de la celulosa, ya que sus servicios están diseñados para proteger maquinaria que opera en áreas críticas de las plantas, como las destinadas al blanqueo de papel o la producción de dióxido de cloro.

Este, no obstante, no es el primer pedido de quiebra que recibe Celulosa por parte de sus acreedores. A principios de julio, la compañía dedicada a proveer servicios de izaje y movimiento de cargas pesadas, Tecmaco Integral, también solicitó su quiebra ante la Justicia santafesina. La firma decidió realizar el reclamo por una deuda de $ 13 millones, a los que se sumaron luego de la presentación otros dos cheques vencidos impagos por $ 20 millones cada uno.