Una nueva empresa del sector lácteo terminó en la quiebra. Se trata de Lácteos Conosur, operadora de la histórica marca La Suipachense. Fundada como una cooperativa en 1947 en la localidad bonaerense de Suipacha, la firma estaba bajo el control del grupo venezolano Maralac, el mismo que manejaba ARSA, también declarada en quiebra hace poco menos de una semana.

El martes por la tarde, el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes dispuso la liquidación completa de Lácteos Conosur, titular de la marca, al mismo tiempo que decretó su quiebra. La empresa arrastraba una deuda de más de $ 8000 millones de cheques rechazados, a lo que se sumaban insumos impagos, deudas con productores y una actividad industrial paralizada hace, por lo menos, seis meses. Esto, como consecuencia, eliminó a la etiqueta de las góndolas, al punto que los distribuidores de la marca no recibían sus productos desde principios de año.

La disposición judicial, en tanto, ordenó la clausura del establecimiento de Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura, la inhabilitación definitiva de sus directivos y la prohibición de salida del país para el presidente de la firma, Jorge Luis Borges León.

La empresa fue un emblema, tanto de su ciudad de origen, como del resto de las localidades del territorio bonaerense, que dependían, sobre todo en sus inicios, de su provisión de leche. En su mejor momento, llegó a procesar alrededor de 250.000 litros diarios.

La crisis de La Suipachense comenzó a profundizarse en los últimos años, cuando la cooperativa original pasó a manos privadas. En una primera etapa, se asoció con la empresa de capitales chilenos Lácteos Conosur, que más tarde quedó controlada por el grupo venezolano Maralac, dueño también de ARSA, la empresa que producía yogures y postres bajo la marca SanCor que quebró la semana pasada.

Con la nueva gestión, la compañía buscó ampliar su producción y mercados, pero los resultados nunca llegaron. Los problemas financieros se multiplicaron ya que los pagos a productores de leche y proveedores comenzaron a demorarse, se acumularon cheques rechazados y los trabajadores empezaron a sufrir atrasos salariales cada vez más prolongados. Se trata de una historia similar a la de ARSA.

A mediados de 2025, la situación se volvió insostenible. La planta apenas elaboraba 40.000 litros diarios, con líneas de producción paralizadas y cortes de servicios básicos, como gas y electricidad, por falta de pago. Ante la ausencia de respuestas de los directivos, los empleados tomaron el control de la fábrica, con apoyo del gremio lechero Atilra, en un intento de preservar las fuentes de trabajo y mantener la empresa en pie.

Sin embargo, sin capital ni posibilidades de financiamiento, la producción terminó por detenerse por completo. La decisión judicial dejó sin trabajo a unos 140 trabajadores y golpeó de lleno a la economía de Suipacha, una localidad de poco más de 12.000 habitantes cuyo desarrollo giraba en torno a la planta.

Arsa, la otra láctea quebrada de Maralac

La semana pasada y luego del fracaso de su concurso preventivo abierto en abril de 2024, la Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La firma tenía dos plantas industriales ubicadas en Arenaza y Córdoba y era considerada como “la última joya” del Grupo Vicentin. Estaba gerenciada desde hace dos años y medio por la venezolana Maralac, una de las principales lácteas de su país.

Afectada, principalmente, por los Precios Justos y los daños colaterales que le salpicó el concurso de Vicentin, ARSA atravesaba una situación financiera inestable desde diciembre de 2023. Al momento de la apertura de su concurso, la compañía le atribuyó su desequilibrio financiero a la situación general de la economía argentina, un batido de difícil digestión entre caída del consumo, inflación, escasez y encarecimiento de materia prima, subas de mano de obra, el "vertiginoso aumento del costo de capital de trabajo" y "las constantes y significativas devaluaciones del peso“, describió en ese entonces.

"Todo ello, sumado a políticas estatales que perjudicaron notablemente a la sociedad“, agregó. En este punto, mencionó las ”políticas de control de precios impuestas por el Gobierno anterior“. En especial, remarcó, ”a partir de agosto “, cuando suscribió el programa Precios Justos.

Además de La Suipachense y ARSA, hay otras lácteas en conflicto. Por un lado, la también histórica SanCor, que, si bien recuperó su producción y proyecta terminar el año con un resultado operativo positivo, aún está a la espera de la llegada de un inversor para poner sus cuentas en verde. Según pudo saber este medio, ya hay interesados en la compañía, pero efectuarán el desembolso una vez que se decrete la quiebra de la empresa.

Se suma a la lista la marplatense Verónica. En mayo de este año la empresa afrontó fuertes problemas financieros, al punto que se vio obligada a cerrar sus tres plantas de forma temporal. Actualmente, opera con contratos de fasón, únicamente en la fábrica de la localidad de Lehmann con el secado de leche para terceros.

En julio de este año, El Cronista adelantó que la compañía había negociado una posible venta con Savencia, dueña de las etiquetas Milkaut, Ilolay, Santa Rosa y Adler. La compañía fue una de las principales interesadas en quedarse con Verónica, al punto que concretó reuniones con la familia Espiñeira, dueña de la santafesina, para plantearle una oferta. Sin embargo, la falta de acuerdos intrafamiliares son lo que, parece, otro de los problemas clave de la láctea.