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El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal local para sancionar con hasta 12 años de prisión y multas de 234 mil pesos a quienes roben, desvíen o lucren ilegalmente con el agua potable. La medida busca proteger “el derecho humano al agua” en la capital.
Durante la discusión del dictamen del Pleno del Congreso de la CDMX, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín afirmó que las reformas buscan “mandar un mensaje firme de que el agua no puede ser utilizada para beneficio personal, económico o político”. La iniciativa fue aprobada con 56 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.
Qué conductas serán castigadas con cárcel y fuertes multas
Las reformas a los artículos 237 y 238 del Código Penal capitalino sancionarán a quienes impidan, condicionen u obstaculicen el acceso al agua potable mediante cobros ilegales, desvíos, manipulación de infraestructura hidráulica o cualquier forma de coacción.
- Las nuevas sanciones incluyen:
- Hasta 12 años de prisión
- Multas de hasta 234 mil pesos
- Castigo por extracción ilegal de agua
- Sanciones por desvío o manipulación de redes hidráulicas
- Penalización por lucrar políticamente con el suministro
- Destitución e inhabilitación para servidores públicos involucrados
La diputada Olivia Garza aseguró que estas prácticas ya no podrán tratarse como simples faltas administrativas. “Quien convierta la necesidad de la gente en un negocio ilegal enfrentará sanciones”, advirtió desde la tribuna del Congreso.
La reforma busca frenar el negocio ilegal del agua en la capital
Legisladores de distintas fuerzas políticas señalaron que millones de personas en la Ciudad de México enfrentan problemas diarios de abastecimiento, mientras grupos o personas obtienen beneficios económicos mediante el control irregular del suministro de agua potable.
Olivia Garza sostuvo que cuando alguien perfora líneas, desvía el suministro o condiciona el acceso al agua, “no solamente se afecta una red hídrica, sino también el acceso de miles de personas a un servicio indispensable”. Por ello, las autoridades tendrán más herramientas para investigar y sancionar.
Endurecen la ley: el agua no es un botín ni un instrumento político
Con la aprobación de estas modificaciones legales, las autoridades capitalinas podrán perseguir penalmente prácticas relacionadas con el despojo y aprovechamiento ilegal del agua. Además, se endurecen las sanciones cuando participen funcionarios públicos en estas conductas.
La diputada Adriana Espinosa de los Monteros afirmó que la reforma “no es simbólica”, sino una respuesta concreta frente a un problema cotidiano. “El agua no es botín, no es instrumento de control político y mucho menos una mercancía ilegal. Es un derecho”, concluyó.
