En esta noticia
La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura contundente ante las acusaciones emitidas desde Nueva York y dejó claro que México actuará únicamente bajo su marco legal. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, sentenció.
Desde Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum subrayó que cualquier solicitud internacional deberá sustentarse con pruebas conforme a la legislación mexicana. “Si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes e irrefutables… deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, afirmó, marcando distancia frente a presiones externas.
Claudia Sheinbaum también advirtió que sin elementos sólidos, las acusaciones podrían responder a intereses políticos. “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, declaró, reforzando su mensaje de “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.
México condiciona cualquier acción a pruebas legales y respeto a su soberanía
El comunicado presidencial explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición y las turnó a la Fiscalía General de la República para su evaluación conforme a la Constitución y las leyes nacionales.
La propia Fiscalía señaló que analizará la documentación para determinar si existen “elementos probatorios necesarios” y anunció una investigación paralela para verificar si las acusaciones estadounidenses cuentan con fundamento legal suficiente para solicitar órdenes de aprehensión en territorio mexicano.
Morena en CDMX cierra filas con Sheinbaum y acusa uso político del caso
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino respaldó “sin reservas” a la presidenta y sostuvo que “nada por encima de nuestra Constitución y de la soberanía nacional”, defendiendo que cualquier proceso debe respetar el debido proceso y los tratados internacionales.
Por otra parte, Morena CDMX aseguró que sin pruebas sólidas existe una “instrumentalización política de la justicia por parte de extranjeros” y acusó a la oposición de recurrir a una estrategia mediática, reiterando que respaldan a Sheinbaum “con toda la firmeza que la circunstancia exige”.
Los diez nombres señalados por Estados Unidos en la presunta red criminal
La acusación federal asegura que estos funcionarios “abusaron de sus posiciones de confianza y autoridad” para beneficiar al Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
- Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa)
- Enrique Inzunza Cázarez (senador y exsecretario general)
- Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas)
- Dámaso Castro Zaavedra (vicefiscal estatal)
- Marco Antonio Almanza Avilés (exjefe de Policía Investigadora)
- Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”
- Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública)
- José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”
- Juan de Dios Gámez Mendívil (alcalde de Culiacán)
- Juan Valenzuela Millán, “Juanito”
De acuerdo con el expediente, Rocha Moya habría llegado al poder con apoyo criminal después de que rivales fueran “secuestrados e intimidados”, comprometiéndose presuntamente a proteger a la organización durante su mandato.
El documento también describe una estructura de protección institucional donde policías municipales, estatales y funcionarios judiciales habrían servido para blindar cargamentos, evitar capturas y garantizar operaciones del narcotráfico sin consecuencias legales.
