Durante décadas, la tradición dictó que el apellido paterno debía ir primero en el acta de nacimiento, dejando el apellido materno en segundo plano. Esta práctica, sostenida por la Ley del Registro Civil, reflejaba una estructura patriarcal que invisibilizaba el papel de las madres en la construcción de la identidad.

Sin embargo, un cambio histórico sucedió en 2022: la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en Hidalgo inconstitucional la imposición obligatoria del apellido paterno como primero, abriendo la puerta a que las familias elijan libremente el orden de los apellidos de sus hijos.

Hidalgo y el falló histórico de la Suprema Corte que lo cambió todo

El 10 de octubre de 2022, en el municipio de Alfajayucan, una pareja de padres -haciendo uso de un derecho que existía en el papel desde 2015 pero que raramente se ejercía- decidió desafiar la costumbre y registrar a su hija colocando primero el apellido materno en el acta de nacimiento.

Este acto, que podría parecer sencillo, representó la primera vez en la historia del municipio que una familia desafiaba abiertamente la norma no escrita que dictaba que el apellido del padre debía preceder al de la madre.

El Ayuntamiento de Alfajayucan celebró este acontecimiento como un avance en la búsqueda de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el ámbito familiar. El mensaje era çlaro: desde la reforma del Código Civil estatal en 2015, las familias tienen la facultad de elegir el orden de los apellidos al momento de registrar a sus hijos, aunque pocos conocían esta posibilidad o se atrevían a ejercerla.

Puebla avanza: habría prioridad automática del apellido materno en situaciones de desacuerdo

Inspirada por el precedente de Hidalgo y respaldada por la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, la diputada local de Morena en Puebla, Graciela Palomares Ramírez, presentó en abril de 2025 una iniciativa que busca reformar el Código Civil del estado con una propuesta aún más revolucionaria.

La diputada calificó la tradición actual como “discriminatoria” y argumentó que, aunque en algunas entidades ya existe la opción de elegir el orden de los apellidos, son muy pocas las familias que ejercen este derecho, ya sea por desconocimiento o por presión social.

La legisladora no solo pretende garantizar que las familias puedan elegir libremente el orden de los apellidos, sino que propone que, en caso de que los padres no lleguen a un acuerdo sobre cuál apellido debe ir primero, el Registro Civil dé prioridad automática al apellido materno. Esta medida invertiría completamente la tradición histórica que por defecto siempre favorecía al apellido paterno cuando no había consenso.

“Es momento de romper con prácticas que invisibilizan a las madres. Esta reforma es un paso hacia la igualdad real y el reconocimiento de los derechos de las mujeres”, afirmó.