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La crisis de Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas del país, golpeó con fuerza a Capitán Sarmiento. La planta que la compañía tiene en esa localidad bonaerense quedó prácticamente paralizada y más de 700 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo.
El impacto va mucho más allá de quienes fueron despedidos. En una ciudad de aproximadamente 15.000 habitantes, la actividad de la planta tiene una fuerte incidencia sobre la economía local. Los salarios de sus empleados se trasladaban directamente a comercios, servicios y distintos emprendimientos de la zona.
Los trabajadores percibían, en promedio, unos $3 millones mensuales, por lo que la pérdida de esos ingresos representa un duro golpe para una comunidad que durante años tuvo a la avícola como uno de sus principales motores económicos.
Deudas, suspensión de actividades y más de 700 despidos
La situación de la planta ya venía deteriorándose desde hacía meses. La empresa acumulaba atrasos salariales equivalentes a dos meses y medio, además de tener pendientes pagos correspondientes a aguinaldos y vacaciones.
El conflicto se profundizó el domingo 30 de agosto, cuando comenzó a difundirse un comunicado interno en el que la compañía informó la suspensión de las actividades operativas a partir del día siguiente.
La empresa atribuyó la medida a problemas con el suministro eléctrico y otras dificultades operativas y productivas, vinculadas a circunstancias consideradas de fuerza mayor. Además, indicó que el personal no debía concurrir a la planta, excepto aquellos empleados que fueran convocados específicamente por sus responsables.
A partir de los días posteriores comenzó otra etapa del conflicto: los telegramas de despido llegaron a cientos de trabajadores.
En total, las desvinculaciones superaron las 700 personas: alrededor de 554 empleados pertenecían a la planta de Capitán Sarmiento, mientras que otros 150 trabajadores de localidades cercanas también quedaron fuera de la compañía.
Entre los despedidos hay personas con más de 20 años de antigüedad en la empresa. Además de perder sus ingresos, ahora enfrentan la incertidumbre sobre el pago de las indemnizaciones y la continuidad de beneficios vinculados a sus empleos, como la obra social.
Conciliación obligatoria y una deuda que supera los $2.000 millones
El escenario dentro de la planta continúa siendo incierto. Unos 300 trabajadores todavía permanecen vinculados a la empresa, aunque tampoco cuentan con garantías sobre el futuro de sus puestos.
En medio del conflicto, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, pero desde el sector gremial cuestionaron el cumplimiento de la medida por parte de la compañía.
La producción volvió parcialmente durante esta semana, aunque de manera limitada y destinada principalmente a la elaboración de subproductos. La planta continúa con dificultades para acceder al suministro eléctrico y opera mediante un grupo electrógeno.
A esto se suma una importante deuda con Eden, la distribuidora eléctrica, que superaría los $2.000 millones.
El futuro de Granja Tres Arroyos también está rodeado de versiones. Una de las posibilidades que trascendió es que la familia De Grazia, propietaria de la compañía, avance con un concurso de acreedores para reestructurar sus obligaciones, reducir costos y buscar una recuperación progresiva de la producción.
Otra hipótesis que comenzó a circular relaciona el fuerte proceso de ajuste con una posible venta de la empresa. Sin embargo, hasta el momento no existe una definición sobre cuál será el destino de la planta.
Capitán Sarmiento se organiza para ayudar a las familias
Mientras continúa la incertidumbre laboral, la crisis comenzó a generar una respuesta comunitaria en Capitán Sarmiento.
El conflicto alcanzó a tal punto a las familias de los empleados que distintos sectores de la ciudad comenzaron a organizar iniciativas para garantizarles alimentos y asistencia. La ayuda no quedó limitada al ámbito sindical: también participan clubes, comercios, gimnasios y organizaciones comunitarias.
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) ya venía repartiendo alimentos desde hacía más de dos meses, como consecuencia de los atrasos en el pago de salarios. Ahora incorporó ollas populares durante las noches y la entrega de bolsones destinados a las familias afectadas.
La solidaridad también llegó desde comercios y espacios privados. El salón de fiestas Borboleta, por ejemplo, comenzó a ofrecer un plato de comida a las personas que lo necesiten.
La situación económica incluso obligó a algunas familias a modificar sus actividades cotidianas. Según contó Claudia, encargada del establecimiento, hubo personas que tuvieron que suspender o cancelar cumpleaños infantiles porque ya no podían afrontar esos gastos.
Los clubes locales impulsaron además una jornada deportiva para recolectar alimentos, mientras que distintos gimnasios y espacios comunitarios instalaron cajas para recibir donaciones.
En el Centro Educativo de la localidad también organizaron una chocolatada para los chicos, en un intento por brindarles un espacio de contención mientras sus familias atraviesan uno de los momentos económicos más difíciles de los últimos años.
