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Llegaron días de definición para el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el instrumento que creó la reforma laboral para pagar las nuevas indemnizaciones. El Gobierno tiene hasta el domingo para reglamentar la ley o para publicar el decreto que prorrogue su entrada en vigor, prevista a partir del 1° de junio, pero con la posibilidad de posponerla hasta seis meses más.
Como adelantó El Cronista, en el Palacio de Hacienda creen que no entrará en vigencia el 1° de junio, sino que se concretará en el segundo semestre del año. No sólo no llegan con la reglamentación, sino que también hay un cálculo fiscal: la caída de la recaudación treparía a 0,15% del PBI, según lo estimado por el Fondo Monetario Internacional en el reciente staff report.
De cualquier manera, los borradores de las resoluciones generales ya están escritos en la Comisión Nacional de Valores y en ARCA, a la espera de la elaboración de los decretos por la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia y el Ministerio de Economía. En el mercado prima el entusiasmo y la puesta a punta de las sociedades gerentes de fondos para salir a la cancha a buscar clientes.
“La demora viene por un tema fiscal. Los proveedores estamos listos para hacer acuerdos con las empresas cuando esto sea obligatorio. Pero el mercado de deuda y de acciones no está demasiado pendiente de que esto arranque ahora o en seis meses. El timing quedó delegado en el Poder Ejecutivo. Está bien que lo hagan de a poco”, confiaron en una sociedad gerente líder.
Sin embargo, esos textos preliminares ya tienen algunas definiciones claves. Una de ellas, quizás la más importante, es cuáles instrumentos podrá comprar cada FAL. Las autoridades habilitarán la inversión en activos argentinos, bajo el argumento de fomentar el financiamiento al sector privado local y, también, al público. Quedarían excluidos los Cedear y los bonos del Tesoro estadounidense del menú habilitado por las autoridades.
Lobby por los fondos del FAL
La elección de cuáles serán los activos estuvo marcada por un fuerte lobby de distintos sectores. Desde que se discutió la ley en el Congreso y en una reciente reunión con el ministro Luis Caputo, la Unión Industrial pidió que el FAL financie a la actividad productiva, específicamente a las pyme. Por su parte, los desarrolladores inmobiliarios impulsaron que los fondos estimulen la oferta de créditos hipotecarios, inversiones de largo plazo pero con baja morosidad.
Las ideas también llegaron y salieron de los despachos de funcionarios provinciales, que propusieron que el FAL pueda comprar títulos subsoberanos, justamente los emitidos por sus distritos, que buscan una fuente de financiamiento de largo plazo más allá de los mercados internacionales.
Otro de los activos elegidos serían bonos y letras emitidos por el Tesoro de la Nación. Lecap, bonos CER, y a tasa Tamar serían los instrumentos preferidos por las sociedades gerentes de fondos que administrarán las cuentas FAL y serán un jugador clave en las próximas licitaciones.
Otra innovación que podría adoptar la CNV es permitir que haya Fondos de Fondos, es decir, fondos comunes de inversión que suscriban cuotapartes de otros. Esa alternativa sería lógica para los primeros meses del FAL, cuando las gerentes administren una cantidad de dinero todavía pequeña, que podría invertirse en otro fondo que cuente con mayor volumen y escala.
Según estipula la ley, cada empleador deberá conformar una cuenta como un patrimonio separado, destinada al eventual pago de indemnizaciones y que tendrá una contribución mensual obligatoria del 1% para grandes empresas y de 2,5% para las Micro, pequeñas y medianas empresas. El FAL será inajenable e inembargable y administrado por una sociedad gerente de fondos de inversión o un fideicomiso financiero.
