La primera huelga general en España en 14 años alteró el transporte, las fábricas y los servicios públicos el miércoles, mientras los trabajadores protagonizaban un paro masivo y los piquetes se enfrentaban con la policía.
La huelga nacional, convocada por los sindicatos contra la escalada del costo de la vivienda y los bajos salarios, llega en un momento de creciente tensión antes de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, convocadas por el presidente del Gobierno de izquierda, Pedro Sánchez.
Las encuestas sugieren que Sánchez perderá el poder a manos de una coalición entre el conservador Partido Popular (PP) y la extrema derecha. El PP calificó la huelga de “disparatada” y la definió como un intento sindical de generar una oposición “preventiva” a un gobierno de derecha.
El paro en España es la señal más reciente del creciente malestar social en una Europa cada vez más fracturada. Se produce tras semanas de protestas masivas en Francia e Italia por el costo de vida y el deterioro de los estándares educativos, algunas de las cuales derivaron en hechos de violencia y saqueos.
Los huelguistas españoles bloquearon autopistas, ocuparon estaciones de tren y formaron piquetes frente a los lugares de trabajo. Imágenes de video mostraron enfrentamientos con la policía, en los que los agentes usaron bastones y gas pimienta.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinos, una agrupación de inquilinos que ayudó a organizar la huelga, afirmó que 4 millones de personas participaron en un país de 50 millones de habitantes y que al menos 25 fueron detenidas.
Antes de la huelga, una encuesta de la consultora Sigma Dos indicaba que solo el 20% de los trabajadores se sumaría y las cámaras empresariales afirmaron el miércoles que la participación era “baja”.
CCOO, uno de los sindicatos impulsores de la huelga, aseguró que los trabajadores se ausentaron de los turnos de la mañana “en gran número” en los sectores con fuerte presencia sindical. Según el sindicato, hasta el 90% del personal faltó en fábricas automotrices, puertos y plantas de procesamiento de carne.
En Barcelona, los huelguistas bloquearon el acceso a Mercabarna, el mercado mayorista de la ciudad, y prendieron fuego neumáticos y pallets en las vías de acceso. Otros increparon a empleados de comercios que seguían abiertos y les gritaron que cerraran, según medios españoles.
El transporte público, los hospitales y las escuelas también se vieron afectados y muchos solo prestaron servicios esenciales el miércoles.
Hasta el mediodía, se habían cancelado 263 de los 4529 vuelos programados en España para el miércoles, informó Aena, el operador aeroportuario del país.
La CEOE, la principal organización empresarial de España, afirmó que “la participación en la huelga parece ser baja en la mayoría de los sectores”. La principal cámara de bares y restaurantes reportó una “participación extremadamente baja” y sostuvo que el sector funcionaba “en gran medida con normalidad”.
Miguel Tellado, secretario general del PP, que lidera las encuestas, afirmó que la huelga era un intento de los sindicatos afines a Sánchez de apuntalar al presidente del Gobierno. “Está claro que esto no es una huelga general, sino una huelga electoral”, dijo en la televisión Telecinco.
Mientras Sánchez, líder del Partido Socialista, sostiene que encabezó ocho años de progreso social y económico en España, el PP lo responsabiliza del deterioro institucional, el colapso de la infraestructura y la corrupción.
La última huelga general, a fines de 2012, se produjo bajo un gobierno del PP que aplicaba dolorosas medidas de austeridad y recortes presupuestarios en plena crisis de deuda de la eurozona.
El gobierno de Sánchez respaldó implícitamente a los huelguistas. Pero su exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que lidera a los socialistas en Andalucía, afirmó que “no es una huelga contra nadie”, sino “en defensa de los derechos de los trabajadores”, un mensaje que acentuó la sensación de incertidumbre sobre los objetivos de la huelga.
El presidente del Gobierno adelantó las elecciones con el objetivo de capitalizar el enojo social por la suba de los precios de la vivienda y de los alquileres, que estalló tras el desalojo de una mujer de 87 años y el bloqueo, por parte de la derecha, de una ley de reforma de la vivienda.
Sin embargo, los críticos de Sánchez lo acusan de inacción en materia de vivienda durante su gestión, que además estuvo marcada por múltiples escándalos de corrupción.
A esto se suma un accidente ferroviario que dejó 69 muertos a fines de octubre y que puso el foco en la falta de inversión en la infraestructura española durante su mandato.
