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El mercado de alquileres turísticos en España ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsado por plataformas como Airbnb y Booking. Esta expansión ha facilitado a los propietarios rentabilizar sus inmuebles y a los turistas acceder a alojamientos únicos.
Sin embargo, la proliferación de estas prácticas ha generado tensiones en las comunidades locales y ha contribuido al aumento de los precios de la vivienda. En respuesta, el Gobierno español ha implementado nuevas medidas para regular este sector, alterando la dinámica previamente cómoda entre propietarios e inquilinos turísticos.
Registro único de alquileres de corta duración
A partir del 2 de enero de 2025, entrará en vigor un registro único para alquileres de corta estancia en España. Este sistema asignará un número de identificación a cada propiedad destinada a alquiler turístico, obligatorio para su operación en plataformas digitales.
La plena aplicación de esta medida se espera para el 1 de julio de 2025. El objetivo es controlar mejor los arrendamientos temporales y asegurar el cumplimiento de las leyes, evitando incrementos descontrolados en los alquileres y garantizando la transparencia en el mercado.
Esta iniciativa también afecta a los alquileres de habitaciones y embarcaciones de recreo, ampliando su alcance más allá de las viviendas completas. Los propietarios deberán registrar sus inmuebles anualmente, lo que implica una carga administrativa adicional y podría disuadir a algunos de continuar ofreciendo sus propiedades en el mercado turístico.
El Gobierno ha anunciado una reforma en la Ley de Propiedad Horizontal para otorgar a las comunidades de vecinos la capacidad de vetar la instalación de viviendas turísticas en sus edificios. Esta "reforma quirúrgica" busca empoderar a los residentes, permitiéndoles decidir sobre la implantación de actividades económicas en sus fincas y garantizando una convivencia más armoniosa.
Esta medida responde a las quejas de vecinos que han visto alterada su calidad de vida por el constante flujo de turistas en sus comunidades. Sin embargo, también genera incertidumbre entre los propietarios que dependen de los ingresos del alquiler turístico, ya que podrían enfrentarse a restricciones adicionales para rentabilizar sus inmuebles.
Impacto en el mercado y perspectivas futuras
Las nuevas regulaciones buscan equilibrar el derecho a la vivienda con la actividad económica del alquiler turístico. No obstante, podrían tener efectos contraproducentes. Expertos señalan que estas medidas podrían reducir la oferta de alquileres turísticos, afectando negativamente al sector turístico y a la economía local. Además, la carga administrativa y las restricciones podrían desincentivar a los pequeños propietarios, limitando sus fuentes de ingresos.
Por otro lado, se espera que estas medidas contribuyan a frenar el encarecimiento del mercado del alquiler y a proteger a los inquilinos más vulnerables. La Ley de Vivienda establece un tope a la subida de los alquileres y nuevas medidas de protección, lo que podría aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario y mejorar el acceso a la vivienda.
