En esta noticia
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha advertido este martes que la brecha patrimonial entre caseros e inquilinos es de 23.638 euros. Los arrendadores cuentan con una renta media de 28.810 euros frente a los 52.449 euros de los arrendadores, lo que da un valor 82% superior.
Estas conclusiones son parte de un informe que trabaja el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, miembro de Sumar. Los números han sido revelados en el marco del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bonificar fiscalmente el 100% del IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler en 2026.
Según este avance del informe, que parte de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 y del Panel de Hogares, Consumo asegura que en la Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias la renta de los caseros es ya el doble que la de los inquilinos.
¿Nueva ayuda fiscal para todos los propietarios?
La bonificación fiscal propuesta por Pedro Sánchez compensaría lo que ganarían los arrendadores si aumentaran ese alquiler en los 632.369 contratos que se deben renovar este 2026, que afectan a unos 1,6 millones de personas, según explicó ayer el presidente.
Por su parte, fuentes de Sumar destacan la desigualdad existente entre inquilino y casero, según este informe, para reprobar una ayuda de la que se beneficiarían los arrendadores.
El partido subraya que de renovarse los contratos que expiran en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha de ingresos entre los arrendadores y los inquilinos afectados por la renovación aumentaría en 2216 euros de media en España.
El informe excluye los datos de País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral, así como los relativos a Cataluña por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población.
La respuesta de Sumar a la propuesta fiscal de Pedro Sánchez
Sumar rechazó ayer la propuesta de incentivos fiscales planteada en forma de real decreto-ley por tratarse de una medida ineficaz para atajar el problema de la vivienda e injusta ante la diferencia de renta entre inquilinos y propietarios.
Fuentes de Sumar remarcan que los datos muestran la necesidad de una intervención urgente en el mercado de la vivienda y del alquiler para garantizar el derecho a la vivienda de las personas inquilinas “y no una medida opcional a la que puedan adherirse algunos propietarios sí y otros, no”.
Con información de: EFE
