Fuente: Shutterstock
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En un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo, los empleados públicos en España recibirán en junio de 2025 una subida salarial adicional del 0,5%, correspondiente al año 2024. Este incremento, que se suma al 2% ya aplicado el pasado año, eleva el aumento total al 2,5%.
La medida afecta a más de 3,5 millones de trabajadores del sector público, incluyendo funcionarios de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
El pago se realizará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, según confirmó el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.
Detalles de la subida salarial
El incremento del 0,5% forma parte del acuerdo marco 2022-2024 firmado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios, que contemplaba subidas salariales del 3,5% en 2022, 3,5% en 2023 y 2,5% en 2024. Este último incluye un 0,5% adicional si la inflación acumulada supera las previsiones.
Este aumento ha sido objeto de debate, ya que su ejecución depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o de una modificación presupuestaria específica. No obstante, el Gobierno ha reiterado su compromiso de abonar la cantidad pendiente a la mayor brevedad.
Impacto en los sueldos según el grupo funcionarial
Los sueldos base de los funcionarios varían según su grupo de clasificación. Con la aplicación del aumento del 2,5%, los salarios anuales brutos en 2025 se sitúan en las siguientes cifras:
Grupo A1: 32.804,62 euros
Grupo A2: 30.747,56 euros
Grupo B: 29.123,40 euros
Grupo C1: 27.237,64 euros
Grupo C2: 25.488,02 euros
Agrupación Profesional: 25.337,94 euros
Estos montos incluyen las dos pagas extraordinarias de junio y diciembre. Además, los funcionarios de mayor rango, como jueces, fiscales o inspectores de Hacienda, pueden percibir retribuciones superiores debido a complementos específicos.
Reivindicaciones sindicales y perspectivas futuras
A pesar de la subida confirmada, los sindicatos continúan reclamando medidas adicionales para recuperar el poder adquisitivo perdido desde los recortes de 2010.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado una ley que garantice la revalorización automática de los salarios públicos en función del IPC, similar al mecanismo aplicado a las pensiones.
Asimismo, CSIF denuncia una pérdida de más de 20.000 puestos en la administración estatal durante la última década, afectando especialmente a organismos como el SEPE o la Seguridad Social.
El sindicato insta al Gobierno a eliminar los límites a la tasa de reposición y a negociar un nuevo acuerdo salarial plurianual que contemple incrementos desde 2025.
En este escenario, el Ejecutivo ha iniciado conversaciones con los sindicatos para diseñar la Oferta Pública de Empleo de 2025, que se espera sea aprobada en julio.
Además, se prevé una reforma estructural que incluirá la evaluación y reclasificación de todos los puestos de la Administración General del Estado, con el objetivo de profesionalizar y homogeneizar condiciones laborales y salariales.
Sin embargo, los sindicatos advierten que será necesario un compromiso firme y sostenido para revertir los efectos de años de austeridad y garantizar condiciones laborales dignas para los empleados públicos.
