Fuente: Shutterstock
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El Gobierno de España ha dado luz verde a un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) que marcará la agenda política y social de 2025. La medida llega en un contexto de tensiones económicas, negociación sindical y un mercado laboral que sigue mostrando desigualdades.
La subida no solo implica más dinero en el bolsillo de millones de trabajadores, sino también un nuevo foco de fricción con las organizaciones empresariales, que alertan de sus posibles efectos sobre las Pymes y la productividad.
Un aumento histórico con efecto retroactivo
El nuevo SMI se sitúa en 1184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone 16.576 euros anuales. El incremento de 50 euros mensuales respecto a 2024 representa una subida del 4,4%, que además se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
Para los trabajadores con las pagas extras prorrateadas, el salario mensual asciende a 1381,33 euros en 12 pagas. Asimismo, el SMI diario queda fijado en 39,47 euros, y los empleados del hogar que cobran por horas recibirán un mínimo de 9,26 euros por hora trabajada, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que esta decisión "es un paso más hacia la equidad salarial y la reducción de la pobreza laboral". El acuerdo se alcanzó con los sindicatos CCOO y UGT, aunque la CEOE no quiso rubricarlo pese a participar en las negociaciones.
A quién beneficia el nuevo SMI
El impacto de esta subida impacta a 2,4 millones de asalariados que perciben el salario mínimo en España. Esto equivale al 13,5% del total de trabajadores. El perfil mayoritario corresponde a mujeres (65,8%) y a jóvenes de entre 16 y 24 años (26,8%), sectores más expuestos a la precariedad laboral.
Por sectores, la agricultura concentra la mayor proporción de beneficiados (31%), seguida de los servicios (14,3%), la industria (5,9%) y la construcción (3,4%). En estos ámbitos, el salario mínimo es una referencia básica que determina tanto contratos como convenios colectivos.
Desde 2018, el salario mínimo ha subido un 61%, pasando de 655 euros a los actuales 1184 euros, consolidando así una de las etapas de mayor crecimiento del SMI en la historia reciente de España.
Las críticas de empresarios y el debate fiscal
Pese al respaldo sindical, las organizaciones empresariales han mostrado su preocupación. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) advierte de que este incremento puede impactar de forma negativa en el empleo, especialmente en pymes con márgenes ajustados.
Un informe de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) señala que el nuevo salario mínimo ya representa más del 70% del sueldo medio en las pymes, superando así el compromiso del Ejecutivo de mantenerlo alrededor del 60%, como establece la Carta Social Europea.
El debate también se ha trasladado al ámbito fiscal. El PSOE defiende que el SMI debe tributar en el IRPF una vez superado el mínimo exento, mientras que algunos socios de Gobierno presionan para que quede fuera. Esta diferencia de posturas ha generado fricciones internas entre Yolanda Díaz y las ministras socialistas María Jesús Montero y Pilar Alegría.
Un futuro con retos pendientes
El aumento del SMI sitúa a España entre los países europeos con mayor crecimiento en el salario mínimo de los últimos años. Sin embargo, el reto sigue siendo garantizar que la medida no frene la creación de empleo ni la competitividad de las empresas más pequeñas.
La reforma abre un nuevo escenario en el que el Gobierno busca equilibrar justicia social y sostenibilidad económica, mientras sindicatos y patronal siguen midiendo fuerzas. Lo que está claro es que millones de trabajadores ya notarán el cambio en su próxima nómina.
