El paquete de medidas con las que el Gobierno intenta revivir el consumo antes de las elecciones equivale a un 0,4% del PBI, según estimaciones oficiales. Aun así, el Ministerio de Economía buscará defender la meta fiscal que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI), de 1,9% del Producto. Todo lo que no sea un gasto esencial para el funcionamiento del Estado entrará en pausa hasta que la cartera de Sergio Massa termine de dimensionar el impacto real de los anuncios.
El combo comprende créditos presupuestarios que no necesariamente terminarán ejecutándose, como la batería de créditos para monotributistas y trabajadores que ofrecerán la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Anses. Los fondos ya están asignados, pero dependerán de la demanda.
El bono a trabajadores del sector privado, que el gobierno compensará en todo o en parte a las empresas pequeñas y medianas con descuentos impositivos, también supondrá una erogación difícil de dimensionar, por el impacto del pago a cuenta de paritarias y de la letra chica para que las empresas pidan el reembolso. A eso se suman los incentivos tributarios por hasta 6 puntos porcentuales a las empresas que firmen acuerdos de precios.
Otras transferencias más directas de recursos, como el aumento de la tarjeta Alimentar, la transferencia a titulares del Potenciar Trabajo y el bono extra a jubilados y pensionados, se suman al congelamiento de las tarifas del transporte público en el área metropolitana hasta noviembre.
Puja con el Fondo
El ministro Sergio Massa lanzó los anuncios dos días después de que el FMI publicara el staff report con un duro diagnóstico sobre el rumbo del programa económico. En el texto, el Fondo reclamó con énfasis ajustar salarios y jubilaciones y subir tarifas a la energía para encarrilar las cuentas.
Por ahora, el Gobierno mide el impacto de cada medida y los técnicos de Economía identificarán partidas compensatorias para que su efecto en el gasto sea neutro. La misión es sacrificar otras erogaciones, en momentos en que el ajuste en subsidios, obras y transferencias a provincias ya viene ocurriendo y que las asignaciones familiares y jubilaciones crecen debajo de la inflación.
Hasta que ese trabajo fino se realice, la decisión del Ministerio es la de restringir créditos presupuestarios que no sean esenciales, como los que se destinan al pago de haberes, asistencia social y salarios.
El costo del paquete
Según Equilibra, el paquete tendrá un costo fiscal de $ 590.000 millones, o 0,3% del PBI. Es algo inferior a lo que estimó el Gobierno, que asumió un impacto de $ 790.000 millones. Un tercio de ese esfuerzo fiscal saldría de las compensaciones a empresas por la suma fija a trabajadores del sector privado. Otro 0,1% lo componen los refuerzos a jubilados y pensionados. Los programas Alimentar y Potenciar Trabajo, a los más postergados, suman, en conjunto 0,05%. La suma fija a empleados del sector público nacional representa apenas 0,01% del PBI.
"Según las estimaciones del FMI, la meta fiscal (1,9% de déficit) implica que el déficit primario acumulado durante todo el año no debería exceder los $ 3,2 billones. De acuerdo con la nominalidad de nuestro escenario base, el rojo podría alcanzar un máximo de $ 3,5 billones", indicó Equilibra. A julio, el déficit ya acumulaba $ 2,2 billones.
El Fondo sostuvo que, para cumplir la meta fiscal, el gasto debía caer 11% anual en el segundo semestre. Para Equilibra, el recorte debería llegar al 14%. Sin embargo, con las medidas, el recorte del gasto sería del 10% anual. "No hay mucho margen para seguir recortando", sostuvo.
Distintas consultoras estiman que el déficit fiscal rondaría 2,4 o 2,5% del PBI, en línea con el del año pasado, aunque con un recorte en los ingresos de 0,8% del PBI, por la sequía.
Este martes, una mega ampliación presupuestaria sumó gastos corrientes por $ 7,5 billones para actualizar partidas ligadas a salarios, gasto social, subsidios y deuda. La mitad de ese gasto se saldarán con crédito financiero y no con recursos genuinos.
