El presidente Javier Milei descartó vetar el presupuesto 2026 que se apruebe luego de que le rechazaran el capítulo XI. Lo que sí garantizó es que se readecuarán las partidas para cumplir con el equilibrio fiscal, lo que implicaría un recorte de casi la mitad del superávit.
Luego de que se rechazara el capítulo en cuestión, circuló que el Gobierno podría vetar todo el proyecto dado que afectaba el equilibrio fiscal.
El presidente descartó esta alternativa, pero sí anticipó que hará uso de la regla fiscal, que establece que habrá ajustes automáticos en las partidas ante desvíos de la hoja de ruta, es decir que en el caso de que caigan los ingresos o aumente el gasto, deberá compensarse o reasignarse las partidas para compensar.
“Ese presupuesto está construido sobre la base de déficit cero, es decir, que el superávit primario va a cubrir por lo menos el pago de intereses o más. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, explicó Milei, que agregó que lo hará sin aumentar impuestos.
El gasto
El costo fiscal de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario, que el Capítulo XI quería derogar, implican un costo fiscal anual equivalente al 0,74% del PBI, explicado por un costo de $ 6 billones, según estimaron desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Solo estas dos normas implican el equivalente a la mitad del superávit primario proyectado para 2026, ubicado en 1,5% del PBI, apenas por debajo del proyectado para este año (1,6%). Nadin Argañaraz, director de la entidad, agregó que también es equivalente a la baja de impuestos incluida en la reforma laboral, que contempla la baja de 3 puntos de las contribuciones patronales y bajas en Ganancias.
Desde ACM señalaron que solo la Emergencia en Discapacidad explicaba erogaciones por 0,59% del PBI entre la pensión no contributiva e Incluir Salud, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario explica el 0,25% del PBI, por lo que estiman en base a los vetos del Gobierno que para 2026 el gasto en estas partidas será superior y alcanzará el 0,85% del PBI, $8,5 billones.
Sin embargo, no se limita allí. Christian Naud, de ACM, explicó que este monto es sin incluir los cambios en el regimen de zonas frías aplicados en 2021 que incluyeron a más de 3 millones de usuarios en el régimen, mientras que la cancelación de la deuda con energéticas planteaba su canje por la deuda de CAMMESA, estimada en más de u$s 3000 millones.
El capítulo que fue rechazado por Diputados sumaba también la derogación de la movilidad de las asignaciones familiares de manera discrecional y el compromiso de que los aranceles de las prestaciones por discapacidad sean acordados entre la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud.
Cómo compensar
Si bien desde el Gobierno no detallaron sobre cuáles partidas se avanzará para compensar el gasto anunciado, desde el Consejo de Mayo habían recomendado que se comience por las partidas que no tengan un mínimo de ejecución.
“De cara a 2026, el margen de ajuste luce acotado en rubros ya fuertemente comprimidos como la obra pública y las prestaciones sociales, mientras que se prevé que el esfuerzo fiscal se concentre en la reducción de subsidios económicos y en una nueva ronda de racionalización del gasto operativo del Estado. Con una inflación proyectada en descenso, el ajuste dejará de apoyarse tanto en la licuación real de los gastos (como en 2024) y dependerá más de decisiones explícitas de asignación presupuestaria y de una contención efectiva del gasto nominal”, explicó Naud.
Por la parte de los subsidios económicos, el Gobierno ya anunció un ajuste del gasto. El cambio en el esquema de subsidios busca generarle un ahorro al fisco de poco menos de un billón de pesos, lo que dejaría un margen de ajuste adicional de entre $ 5 y $ 7 billones, según el cálculo que se considere.
Por otro lado, el presupuesto contempla también la posibilidad de colocar deuda en el exterior por u$s 36.000 millones. Sin embargo, el presidente rechaza endeudarse para financiar el gasto, pero esto abre otra alternativa. El equipo económico trabaja para conseguir que la baja del riesgo país permita que Argentina logre refinanciar sus vencimientos a través de la vuelta a los mercados internacionales. Este objetivo permitiría aliviar la tensión que generó el endeudamiento sobre las reservas al limitar la acumulación para volcarse al pago de los compromisos.
Según analizó Argañaraz, el gasto inflexible es el 9,82% del PBI mientras que el gasto flexible debería reducirse del 5% del PBI al 4,5%
“En un esquema de reducción proporcional, la masa salarial sería el rubro que más contribuiría, dada su participación en el gasto flexible total, con un aporte estimado de 0,19 puntos porcentuales del PBI. En segundo lugar, se ubicarían los programas sociales y los subsidios a la energía, con 0,07 p.p. del PBI de aporte cada uno, seguidos por los gastos en bienes y servicios, con 0,06 p.p. del PBI. Finalmente, los subsidios al transporte, la inversión real directa y las transferencias corrientes aportarían cada uno alrededor de 0,03 p.p. del PBI, entre los componentes más relevantes”, explicó el especialista.
