Luego de que el martes, la Cámara de Diputados comenzará a discutir el proyecto por la reducción de la jornada laboral, este jueves el Grupo de los 6 (G6) manifestó su preocupación sobre las consecuencias que generaría y propuso posponer el tratamiento para después de las elecciones.

Así, el G6 que el G6 que agrupa, que a la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, (CAC), Cámara Argentina de la Construcción, (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina, SRA) y la Unión Industrial Argentina, (UIA) pidió que la discusión se lleve a cabo de forma tripartita.

Mediante un comunicado, los empresarios sostuvieron que no se debe apresurar el debate por presiones de la coyuntura electoral y que es necesario que se lleve a cabo de forma responsable con la participación de todas las personas en pos de generar consensos.

En cuanto al contexto nacional, consideran que las diferencias de la Argentina y el resto de los países desarrollo en cuanto a productividad y tecnología se profundizó después de la pandemia. Por lo que el objetivo debería estar en estabilizar las condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal y promover incentivos al empleo antes que discutir la reforma.

El objetivo debería estar en estabilizar las condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal y promover incentivos al empleo antes que discutir la reforma.

"El principal creador de empleo registrado en los últimos 20 años ha sido el sector público", sostuvieron en el comunicado. Y agregaron: "En los últimos años, algunos países han modificado su legislación interna para reducir el número de horas trabajadas; sin embargo, lo han hecho de manera gradual y con estructuras socioeconómicas muy diferentes a las de nuestro país".

Las manifestaciones por parte del G6 se dan en un contexto de maratón de medidas y discusiones en el Congreso. La semana pasada, la UIA participó de anuncios que realizo el ministro de Economía, Sergio Massa, para las pymes orientado a regularizar deudas fiscales a través de planes de pago.

El candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) estableció un plan de facilidad que permitirá a las pymes -Tramo 1- que tengan "Certificado MiPyME", regularizar el stock de deudas a partir de 120 cuotas mensuales y vigencia hasta fin de año.

Con ello, el Gobierno considera que las pymes podrán afrontar obligaciones vencidas hasta agosto a una tasa de interés será del 4,14 por ciento. Y con ello, reconstituir el capital de trabajo afectado durante los últimos meses.

A su vez de que se suspendieron el inicio de los juicios de ejecución fiscal y se estipuló la traba de medidas cautelares para el universo de contribuyentes hasta el 31 de diciembre de 2023.